En su incesante búsqueda para mejorar su imagen, Arabia Saudita quiere modernizar su implacable sistema judicial pero las reformas anunciadas apenas ocultan las masivas ejecuciones y la represión de los opositores.
La rica monarquía del Golfo aplica una versión rigurosa de la sharia, la ley islámica. Pero no cesa de prometer reformas cruciales sobre temas sensibles como los derechos de las mujeres en caso de divorcio, o el poder de los jueces que castigan con la pena de muerte.
Anunciadas el año pasado por el dirigente de facto, el príncipe heredero Mohamed bin Salman, llamado «MBS», estas reformas prevén la elaboración del primer código penal escrito, supuestamente para hacer mas previsible la justicia, aunque el rey siga estando en lo alto del sistema judicial.
Pero la ejecución en marzo en un solo día de 81 hombres condenados por crímenes de «terrorismo» decepcionó las frágiles esperanzas de las ONG de defensa de derechos humanos respecto al sistema judicial saudí
En un país que busca atraer a turistas e inversores extranjeros, el objetivo de las reformas es «cambiar la imagen» de Arabia Saudita, según Adel al Said, vicepresidente de la ONG European Saudi Organisation for Human Rights, basada en Londres y Berlin.
En este contexto la justicia saudí ha liberado recientemente a militantes, entre ellos la feminista Loujain al-Hathloul y el bloguero Raif Badawi, aunque ambos tienen prohibido dejar el territorio nacional.
– «Falta de independencia» –
Nathan Brown, especialista del Oriente Medio en la universidad George Washington, estima que un código penal permitiría sentencias basadas en «reglas jurídicas aprobadas por el Estado» en lugar de contar únicamente en «la formación sobre la sharia» de los magistrados.
«Arabia Saudita se parecerá mucho al sistema de derecho escrito (inspirado de Europa continental) aplicado en la mayoría de los Estados de la región» dice el investigador a la AFP.
Aunque esta reforma permita más «previsibilidad», corre sin embargo el riesgo de reforzar la «falta de independencia» de los jueces, acusados de estar instrumentalizados por el poder político, afirma a la AFP Abdalá al-Awdah, militante saudí basado en Estados Unidos.
Su propio padre, Salman al-Awdah, un célebre religioso, está detenido desde 2017 por haber llamado al final del conflicto diplomático con Catar, en la época en que el gobierno saudita había roto sus relaciones diplomáticas con Doha, restablecidas el año pasado.
Otras figuras están detenidas o apartadas, entre ellas miembros de la propia familia real, como el expríncipe heredero Mohamed Ben Nayef, apartado en la vía hacia el poder en beneficio de «MBS».
Frente a esta represión opaca, los disidentes se muestran escépticos ante las reformas anunciadas.
«Todo esto no es más que una ilusión» estima Madawi Al Rasheed, universitaria basada en Reino Unido y portavoz del partido Asamblea Nacional fundado por opositores exilados.
«Es muy difícil ver cual es el sentido de estas reformas, más allá del hecho de querer presentar (a MBS) como un reformador» dice la opositora.
– El caso Khashoggi –
Para los familiares y afines a los detenidos, el miedo ha aumentado con el asesinato del periodista saudita y crítico con el poder, Jamal Khashoggi, en 2018 en Estambul. Turquía, potencia rival de Arabia Saudita, había acusado a los «más altos dirigentes del reino» de haber encargado el crimen.
Pero en abril la justicia turca transmitió el caso a las autoridades saudíes, suscitando temores de quienes apoyan a Khashoggi, de que Ankara, en grandes dificultades económicas, se reconcilie con la rica monarquía del Golfo.
«Tenemos miedo» confía a la AFP un amigo de otro miembro de la familia real, el príncipe Salman ben Abdelaziz, detenido con su padre desde 2018: «Todo el mundo sabe lo que pasó con Khashoggi».
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