Al abrir su exposición, el ministro de Desarrollo Productivo indicó que «hemos buscado en este proyecto contemplar una multiplicidad de voces y esperamos poder profundizar el debate en el Congreso para tener una ley que nos permita desarrollar la industria del cannabis para uso medicinal y el cáñamo para uso industrial».
«La legislación vigente permitió que la industria del cannabis medicinal pudiera progresar pero a baja escala, por estar limitada a fines experimentales y no productivos. Muchas iniciativas productivas no podrán prosperar sin un marco legal que les de la escala necesaria. Este proyecto apunta a desarrollar la cadena productiva del cannabis», explicó y aclaró que la ley apunta a evitar el desvío hacia el mercado ilegal y apunta a la trazabilidad.
«Este proyecto de ley crea una agencia regulatoria de la industria del cáñamo y cannabis medicinal, cuya funciones son regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo», continuó el ministro.
Respecto al escenario económico potencial del sector a 2025, Kulfas indicó que “va a crear empleos de calidad, generar exportaciones y divisas”. En este sentido, explicó que se estima en tres años crear unos diez mil puestos de trabajo, u$s500 millones de ventas al mercado interno al año y u$s50 millones de exportaciones al año. “Este es un análisis cauteloso porque es una industria nueva, la Cámara Argentina de Cannabis, por ejemplo, tiene estimaciones más fuertes”, advirtió.
El ministro de Desarrollo Productivo también destacó que el «espíritu de la ley es que haya prioridad para pymes, cooperativas y microemprendimientos, que la del cannabis sea una industria que nazca desconcentrada».
En cuanto al límite de THC, la sustancia psicoactiva del cannabis, indicó que la idea es que «esas definiciones estén precisadas en la reglamentación». «Permanentemente hay cambios y miradas regulatorias que plantean modificaciones, sería complicado recurrir al Congreso ante esas modificaciones», acotó.
La iniciativa promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.
El objetivo de la normativa es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto de ley, entre otros puntos, promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
Al cierre de la exposición del ministro, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés del Frente de Todos, Carlos Caserio, puntualizó sobre la financiación del proyecto: “Son muy relevantes las ventajas que va a dar. La mayor financiación va a ser del aporte del 5 por mil del importe facturado de las empresas que movilicen esta producción, un monto que va a ayudar al desarrollo”.
En tanto, la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez, reclamó mayores especificaciones. “Al ser una ley marco, siento que no precisa parámetros determinados. No entiendo por qué en esta ley no se le otorgue a la autoridad de aplicación características más precisas”, sostuvo.
Por su parte, su compañero de bancada, Mario Fiad, hizo hincapié en la «posibilidad de poder federalizar la producción y la participación de las provincias en el directorio o consejo consultivo, para que no se vulnere la potencialidad y la posibilidad que tiene cada provincia”.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, durante los últimos años, la industria del cannabis legal generó gran interés a nivel mundial por lo que el avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial ha dado lugar al surgimiento de una industria naciente y muy dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil».
Para ello, la iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, a fin de controlar el uso de de esas plantas. Esa Agencia funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y podrá regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva del cannabis y del cáñamo.
La discusión del proyecto continuará este viernes, con la presencia de la investigadora del Conicet Silvia Kochen; el investigador Germán Herrera; Andrés López, de la UBA; y Pablo Fazio, de la Cámara Argentina de Cannabis.
Según el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, el próximo lunes 5 de julio, y luego de escuchar a una segunda ronda de expositores, se emitirá dictamen, por lo que el proyecto puede estar para ser debatido en el recinto de sesiones una semana después.
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