«Hoy, la expresidenta Jeanine Añez solicitó a través de sus abogados, el cese de su detención preventiva. Para ello presentaron más de 50 pruebas que desvirtúan la acusación de terrorismo, sedición y conspiración que pesan en su contra», informaron.
Áñez reiteró a mediados de junio que «nunca existió» un golpe de Estado en el país andino y volvió a pedir a las autoridades su puesta en libertad.
Esas palabras llegaron después de que la Iglesia Católica boliviana publicara un documento sobre lo ocurrido en el marco de la crisis política de 2019, derivada de las elecciones de octubre de ese año.
En el documento, de 25 páginas, la Conferencia Episcopal de Bolivia dio su versión de los hechos y explicó su papel en la toma de poder de Áñez, en aquel momento segunda vicepresidenta del Senado.
Según su posición, «se hallaba jurídicamente habilitada» para asumir la Presidencia del Senado y después la de Bolivia.
Áñez llegó al poder después de que Evo Morales renunciara a la Presidencia. Con el fin de frenar el «baño de sangre» y la persecución contra sus colaboradores y familiares en el marco de un levantamiento popular y militar agitado por la oposición tras denunciar fraude en las elecciones generales en las que el MAS era reelecto.
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