En tanto, Córdoba también sufrió un duro revés luego de que un grupo de bonistas rechazara la última propuesta realizada por la administración de Juan Schiaretti el 1 de enero, que mejoraba la tasa de interés y ofrecía pagar en efectivo 30% de la contraprestación por intereses acumulados, en concepto de Títulos Internacionales emitidos, cuyos montos son de u$s 960 millones bajo legislación internacional y u$s 243,7 millones con legislación nacional. Para los acreedores, las futuras negociaciones “deberán basarse en evaluación objetiva de la situación y las perspectivas financieras de la Provincia”. “Dichas modificaciones fueron anunciadas de manera unilateral por la Provincia sin negociar o consultar previamente con el Grupo, y mismas que siguen sin cumplir con los términos necesarios para una resolución consensuada”, advirtieron en un comunicado.

En el caso de Entre Ríos, que busca refinanciar unos u$s 500 millones, el comité del Grupo Ad Hoc, que posee 54% de los Bonos 2025, consideró que “sigue sin considerar su sólida solvencia financiera, ya que busca concesiones de largo plazo objetivamente injustificables”.

“Frente a un incumplimiento innecesario y a la continua incapacidad de acordar una solución apropiada, los miembros del Grupo han decidido buscar una resolución judicial como primer paso para hacer respetar sus derechos contractuales”, dijo el comité en un comunicado.

Agregó que “no dudará en hacer uso de sus derechos contractuales ante la falta de una negociación constructiva”.

“La Provincia incumplió con sus obligaciones a pesar de estar en una sólida situación fiscal. De acuerdo a sus proyecciones presupuestarias, la Provincia muestra niveles de endeudamientos robustos y relativamente similares a los del año 2017, fecha en la que se emitieron dichos Bonos”, explicó el grupo, que contrató a Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan, LLP para llevar adelante las acciones legales.

La presentación contra la administración entrerriana cruza la estrategia tomada por otros distritos, bajo el amparo del Ministerio de Economía nacional de Martín Guzmán. En algunos casos, incluso, con viraje de timón, como en el propio caso cordobés, donde Schiaretti tras pagar los cupones religiosamente en el proceso de diálogo, optó por tomar el plazo de gracia el 9 de diciembre por un vencimiento de u$s25 millones. Mismo camino habían tomado Buenos Aires, Chaco o La Rioja.

También venció el plazo de la oferta bonaerense y en la administración de Axel Kicillof no revelaron detalles, como ha ocurrido en los nueve vencimientos anteriores. Con las negociaciones estancadas, podría haber una nueva prórroga, que sería la onceava. Buenos Aires busca reperfilar u$s7.148 millones, y por el volumen sobre el total de las deudas provinciales (unos $12.000 millones), la renegociación bonaerense es clave para el resto de los gobernadores. La propuesta original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030. Pero luego desde la cartera que dirige Pablo López se mostraron dispuestos a consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de la deuda.

Hasta el momento, solo cuatro provincias lograron cerrar sus canjes, donde el mayor éxito se dio en la Patagonia, ya que tres de ellas son de esa región, Neuquén, Chubut y Río Negro. Entre estos distritos, el monto renegociado asciende a u$s1.650 millones a través de cuatro títulos, ya que el gobierno neuquino de Omar Gutiérrez reestructuró dos bonos, uno de ellos garantizado por regalías de hidrocarburos, mismo esquema que tenía el chubutense Mariano Arcioni por delante.

La cuarta provincia, que en virtud fue la primera en lograr el reperfilamiento de su deuda en dólares, es Mendoza, que selló en septiembre un acuerdo por u$s530 millones.

Por fmluzucom

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