El problema que subyace de fondo es que desde un comienzo, normativamente, el Poder Judicial tiene autarquía presupuestaria, pero no una autarquía financiera que les permita una independencia en cuanto a los fondos que requiere con respecto a los oficialismos (pasados y futuros). Eso genera que dependa de partidas del Ejecutivo las cuales este año debieron ser cubiertas por el Ejecutivo ante el “rojo” del Consejo para el mantenimiento de todos los tribunales federales del país y los nacionales de la Capital Federal.
Ante ese esquema madura un golpe a la “caja” de la Corte, lo que ya ha sido intentado en el momento de mayor tensión entre Cambiemos y la Corte que directamente reclamó el uso del Fondo Anticíclico, aunque nunca llegó más allá de la pirotécnica. La variante ahora podría tener varios escenarios: uno sería alterar los porcentajes que cada área recibe, incrementando la del Consejo que tiene un déficit sistemático de fondos, y que debería absorber cualquier ampliación de estructuras; el otro sería simplemente unificar la administración pero bajo control del Consejo, forzando a la Corte a depender del presupuesto que le remitan desde el órgano de selección de jueces que iría administrando sus necesidades. Algo similar ya había sido intentado por el kirchnerismo en 2013, con el paquete de leyes denominado de “democratización de la justicia”. El tema presupuestario fue tachado durante el trámite parlamentario, lo que no evitó que fuera fulminada por la Corte al considerarla inconstitucional en sus tramos más relevantes.
La definición de este tironeo siempre queda en manos de la política que podría diluir la administración de la Corte, aprovechando que, en febrero próximo, habría un recambio de administradores en el Consejo y se configure un solo presupuesto. Eso generaría también que las áreas que dependen de la Corte –como la OVD, la Dajudeco, el cuerpo de peritos, etc- pasen a funcionar también dentro del marco del Consejo. Y arrastraría un “stock” existente que ha sido ambicionado por todos los oficialismos, el Anticíclico que merced a plazos fijos hechos con los excedentes presupuestarios, generaron un colchón equivalente a dos años de gastos proyectados.
Pero también implica un riesgo: quien controle el Consejo, bajo este formato, también controlará los fondos de todo el Poder Judicial, incluida la Corte.