A partir de la solicitud, la SIGEN pidió la información correspondiente a los organismos que conforman la Administración Pública Nacional sobre las adquisiciones adjudicadas, en el marco de las normas de emergencia, durante el período comprendido entre el 20 de marzo y el 20 de julio de 2020. En total se recibieron 97% de las respuestas de los ministerios y organismos consultados. El 3% que no respondió fue porque no publicaron las contrataciones en el Boletín Oficial.
Del total de 291 contrataciones, 97 de ellas -por un total de $3.794 millones- se realizaron por los principios reglados en el artículo 25 del Decreto Nº1023/01 que establece el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional, y 194 de ellas -por un total de $3.578 millones- fueron siguiendo la decisión administrativa 409/20 donde se establecieron los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de los procedimientos de selección siguiendo los principios generales de las contrataciones públicas previstos en el artículo 3º del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional del mismo Decreto Nº1023/01.
Del informe “Contrataciones Públicas durante la Emergencia COVID19” surge que las compras más relevantes fueron las vinculadas a los insumos médicos, de prevención, y de detección Covid-19 que alcanzaron un 58% del monto total adjudicado, mientras que la compra de alimentos para hacer frente a la emergencia representó aproximadamente a un 26% del monto total de las adjudicaciones.
En las jurisdicciones en las que se relevaron el 96% de las adquisiciones se concentraron en elementos para prevención e insumos médicos, en un 46,5%; compra de alimentos, en un 26%; elementos para detección del Covid-19 en un 10,7%; impresiones de cuadernillos, folletería y distribución, en un 8,9%; y equipamiento médico en un 2,9%.
En ese sentido, del relevamiento surge que los organismos que centralizaron los compras fueron el Ministerio de Salud, en un 43,3%; el Ministerio de Desarrollo Social, en un 26%; la Administración Nacional de Laboratorios (Malbrán), en un 11,5%; el Ministerio de Educación, con una afectación del 9,2%; y la Armada Argentina, con un 1,7%.
“Llevar adelante esta tarea es parte de nuestro compromiso cotidiano con el objetivo de fortalecer al Estado a través del control”, explicó el síndico general de la Nación, Carlos Montero. En esa línea, dentro de los lineamientos emitidos por Montero para la elaboración de los Planes Anuales de Trabajo 2021 de las Unidades de Auditoría Interna, se incorporó la obligatoriedad de auditar los procesos de compras y contrataciones enmarcados en la emergencia en aquellas jurisdicciones u organismos que correspondan.
Del informe de la SIGEN, surge que la intervención de las Unidades de Auditoría Interna en las contrataciones, en el marco de la D.A N° 409/20, alcanzó al 98% de los montos adjudicados. Respecto al requerimiento de las jurisdicciones a la SIGEN para que informe Precios Testigo, el mismo alcanzó al 87%.