El expresidente del Senado, Arturo Char (2020-2021) tenía un proceso abierto en la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en contratos de prestación de servicios en medio de la pandemia del covid-19. El Ministerio Público anunció el martes 31 de enero que se inhibirá de realizar la investigación por competencia.
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El proceso comenzó cuando el empresario Luis Enrique Guzmán Chams instauró una queja disciplinaria por presuntamente haber celebrado “un millar” de contratos de prestación de servicios en medio de la emergencia sanitaria. Al parecer, esos acuerdos se suscribieron con personas que estaban inmiscuidas en actos de corrupción en el Caribe durante 2020.
De acuerdo con el fallo de la Procuraduría, si bien Arturo Char era el presidente del Congreso durante ese tiempo, no era el encargado de celebrar esos contratos. “No tiene la función o facultad de celebrar contratos, pues, esta labor, de acuerdo a lo previsto en la Ley 5 de 1992, debe cumplirla el director administrativo”, se lee en el documento de cuatro páginas.
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Por esa razón, el Ministerio Público se abstuvo de hacer la investigación disciplinaria en contra del exlegislador; sin embargo, remitió el caso a la Procuraduría Delegada para contratación estatal y se compulsó copias para que se investigue al director administrativo del Senado y en caso de que se relacione con Char, el excongresista deberá ser vinculado a este proceso.
W Radio explicó que la decisión de la entidad dejaría bien librado al excongresista, pues el proceso no hará tránsito a cosa juzgada. “Este no tiene dentro de su ámbito de competencias la contratación de personal”, detalló el medio de comunicación.
El expresidente del Senado todavía tiene un proceso pendiente con la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos en las elecciones legislativas de 2018. El exfuncionario tenía programada una audiencia de indagatoria para el 24 de enero; sin embargo, la diligencia fue aplazada después de que pidiera un cambio de abogado a último momento.
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La Sala Especial de Instrucción indicó que tendrán que esperar a que se posesione el nuevo defensor para que se pueda programar una nueva indagatoria. “Una vez se dé respuesta a la petición de la defensa (…) se procederá a la reprogramación y definición de la nueva fecha”, manifestó el magistrado Francisco Javier Farfán en Blu Radio.
La investigación formal en su contra se abrió en noviembre de 2022 después de que la exsenadora Aída Merlano Rebolledo —prófuga de la justicia— señalara a Arturo Char de estar vinculado en actos de corrupción. La excongresista expuso la situación en una audiencia virtual sobre la relación de la Casa Char con la compra de votos en la Costa Atlántica.
En el alto tribunal intentan establecer la responsabilidad de Arturo Char en los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Esto debido a que la excongresista aseguró que estaba vinculado en la compra de votos de las campañas de Aída Merlano, Lilibeth Llinás y la propia en 2018, con la que fue reelegido en el Legislativo.
En un documento, la Corte Suprema comentó que el material probatorio sí permitiría inferir la responsabilidad del excongresista en los delitos mencionado. “El aforado en referencia probablemente organizó y encabezó la asociación delictiva, conducta que el legislador describe y sanciona como concierto para delinquir”, decía el fallo.
Cabe recordar que a Merlano Rebolledo la Corte Suprema de Justicia ya la condenó a 10 años de prisión por la compra de votos en su campaña electoral en 2018. Ahora está a la espera de que el presidente Gustavo Petro la extradite a Colombia desde Venezuela.
