El dictamen para retocar la mayoría de dos tercios que requiere, en la actualidad, el cargo de procurador general -en coincidencia con el informe de la comisión que creó el Gobierno para analizar a la Justicia en general-, nació de una discusión empujada por el kirchnerista Oscar Parrilli, pero basada en proyectos opositores -no se permitió el retiro de éstos- y en el del usual aliado rionegrino Alberto Weretilneck. En el medio de todo esto se encuentra el candidato del Ejecutivo y juez federal, Daniel Rafecas, quien se mostró reticente en varias ocasiones con respecto a la idea, al igual que un ramillete de expertos convocados para exponer sobre dicha cuestión. De aprobarse, quedará la revisión en Diputados, que por ahora frenó la reforma judicial.
En tanto, el lunes próximo se continuará con la sesión ordinaria que ingresó ayer en cuarto intermedio, donde el Senado buscará avanzar con la ley para fortalecer la “sostenibilidad de la deuda”, luego del cierre de las primeras negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En concreto, la iniciativa impone que el Presupuesto “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.
Además, el articulado establece no sólo que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial” del Congreso, sino que mismo camino tendrá que adoptar “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”.
El miércoles pasado, y luego de la exposición en comisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, el bloque kirchnerista sumó un artículo al proyecto que fue leído por la camporista Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta de la bancada del Frente de Todos. La incorporación hace referencia a una modificación de la ley de administración financiera para que la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, como programas con el FMI y eventuales ampliaciones, no puedan destinarse a gasto corriente.
Alerta
El diputado radical Gustavo Menna solicitó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que informe las razones por las cuales “a más de dos meses de su entrada en vigencia, no se ha implementado la reducción de las alícuotas del impuesto a los débitos y créditos bancarios prevista en la Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística”, sancionada por el Congreso a inicios de septiembre pasado y promulgada por el Ejecutivo sobre el final de dicho mes.
“Pese a tratarse de un sector desplegado en todo el territorio nacional, ser uno de los principales complejos exportadores del país y emplear a casi un millón de personas, el Gobierno ha negado sistemática y empecinadamente dar tratamiento a los proyectos de ley de emergencia por los cuales se contemplan exenciones y diferimientos impositivos, además de asistencias estatales para miles de prestadores que están sosteniendo con esfuerzo otros miles de puestos de trabajo, en muchos casos, sin llevar adelante ninguna operación”, expresó Menna.