La reunión de las comisiones de Finanzas y Comercio estuvo presidida por las diputadas Fernanda Vallejos (Frente de Todos) y Gabriela Lena (UCR).
Vallejos adelantó que se buscará «incluir el dictamen para su tratamiento en el recinto en las pocas sesiones que quedan hasta la finalización» del período ordinario y señaló que expresa «la mirada del conjunto de los diputados y diputadas y de los actores que hemos podido escuchar».
Además, sostuvo que el proyecto “es una contribución no solamente para los sectores de las medianas y pequeñas empresas a los que damos respuesta particularmente, sino también para el conjunto de la economía”. “Es indudable que la utilización de estas nuevas tecnologías también contribuyen a un grado cada vez mayor de blanqueo de la economía y, en este sentido, el beneficio es generalizado”, agregó.
En tanto, la diputada Gabriela Lena, celebró el acuerdo alcanzado entre todas las bancadas “para llegar a un dictamen que medianamente nos conforma a todos. Es importante poder dar una respuesta a los miles de pequeños y medianos comerciantes que en esta situación de pandemia y crisis económica están pasando una situación compleja. Buscamos llevar un alivio para que sus ventas sean acreditadas de una manera más rápido”.
La iniciativa, que unifica los proyectos de los diputados de Frente de Todos Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, establece que las entidades deberán acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro que estén encuadradas en la ley pyme.
Además, faculta al Banco Central a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas. El texto también determina que esta medida de acreditación inmediata no deberá generar mayores costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones. Otro punto clave para su instrumentación en todo el país es que se estableció que esta ley será de orden público.
Por último, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adopten las medidas necesarias para no gravar las operaciones con tarjeta de crédito, compra, débito y transferencias electrónicas, «evitando regímenes de retención o percepción que desalienten las operaciones con tarjetas de débito para monotributistas y micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector comercio».
Durante el debate, el diputado Ariel Rauschenberger, resaltó que el proyecto y el consenso alcanzado “son un avance muy importante” y añadió que va a contribuir a “resolver las diferencias de precio entre pagar con débito y en efectivo, a mejorar la recaudación y a aliviar el bolsillo de los comerciantes”.
Por su parte, el radical misionero, Luis Pastori, remarcó que “lo central de este proyecto es la inmediatez en la transferencia de los montos de las compras que hagan los usuarios de tarjetas de débito a los comercios adheridos. La inmediatez tiene como tope las 72 horas hábiles que hoy fija la Ley de Tarjetas; un plazo razonable podría ser de 24 horas. Es importante dejar la facultad al Banco Central para dar claridad a la operatoria, para no tener luego una ley de cumplimiento imposible”.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacaron que el proyecto “sería un alivio económico muy fuerte para el sector, además de contribuir al no manejo de billetes como una medida sanitaria”. Entidades de comercios, en tanto, sostuvieron que es “necesario” porque aportará liquidez, en un contexto en el que en muchos casos no tienen espalda suficiente para afrontar las compras en efectivo.
Por el lado de las pymes, desde Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) advirtieron que, frente al esfuerzo que están haciendo para conservar los empleos, necesitan “cobrar las operaciones de tarjeta de débito en el momento en que se realice, de manera urgente y necesaria”.