En ese DNU, que significó el principio de un idilio de larga duración entre la CGT y el macrismo, se ordenó la devolución de 12 mil millones de pesos de la deuda mediante varios mecanismos (subsidios, bonos y aumento de las distribuciones mensuales) y la reserva de los $8 mil millones restantes para el despliegue de la CUS. El plan tenía por objeto “garantizar el acceso a la salud de toda la población, afianzando los principios de equidad y solidaridad”, tal como estableció el decreto en sus considerandos.
Tras aquel DNU fueron pocos los compromisos asumidos por Cambiemos en la normativa firmada que se cristalizaron y la unidad ejecutora del fideicomiso que debía controlar el destino de los fondos de la CUS nunca les entregó la información que pidieron sus dos representantes por la CGT. Otros dos participaban en nombre del Ministerio de Salud (luego rebajado a categoría de Secretaría en la gestión anterior) y los dos restantes, de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano a cargo del control de obras sociales y prepagas y responsable de la distribución de recursos para el reintegro del valor de los tratamientos médicos complejos.
La CGT, de momento en reserva y como argumento de negociación con las actuales autoridades, siempre sostuvo que el macrismo la marginó del organismo que debía gastar los recursos de la CUS y nunca terminó de rendirles cuenta. Por fin, los dos representantes sindicales, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Carlos Frigerio (cerveceros) optaron por retirarse de la unidad ejecutora y no firmar sus balances. Sin acceso a los datos, en los gremios advierten que los funcionarios anteriores terminaron por usar sólo una mínima parte del fondo en la construcción de un hospital de enfermedades infecciosas en el norte argentino y otra porción en gastos corrientes, algo no contemplado en la normativa.
La devolución de los 5 mil millones de pesos tiene como uno de sus objetivos aceitar la relación siempre conflictiva de la CGT con Ginés González García. El ministro de Salud esquivó desde el arranque de su gestión la interlocución que le propuso la central sindical para la gestión sanitaria y en particular con las obras sociales, y relegó al funcionario que la CGT le propuso para encabezar la SSS a un cargo de segundo orden para dejar al frente a su mano derecha, Eugenio Zanarini. Desde aquella decisión González García se convirtió en un experto en seducir con posibles medidas a los gremialistas que luego no se concretaron: una de ellas, la firma de un DNU que tenía como fin compensar automáticamente la caída de la recaudación de las obras sociales, por la pandemia, a través de aportes directos del Tesoro Nacional.
Para el año próximo el Presupuesto dotó a la SSS de un caudal de recursos inédito: contará con más de 34 mil millones de pesos para asistencia financiera a las obras sociales contra $14.400 millones de este año; 10 mil millones de pesos en 2019, y algo más de 9 mil millones de pesos en 2018. En la SSS matizaron esos números al señalar que por efectos de la pandemia, este año el organismo distribuyó más de $ 63 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución.