Ya el gobierno anterior se había topado con la disyuntiva de elegir un procurador “fiscal” o alguien proveniente de la política. Mientras un sector del PJ le argumentaba a Mauricio Macri que las mejores gestiones habían sido de candidatos provenientes del ámbito político, él se inclinó por una judicial a quien pocos más allá apoyaban. El mayor exponente de eso fue el propio Esteban Righi, un procurador “político”. Será quizá por eso el dardo que arrojó Martín Doñate, presidente de la Bicameral de Ministerio Público cuando desestimó el requisito que Rafecas había hecho trascender respecto a mantener los dos tercios del Senado para no retirar su candidatura. El kirchnerismo está viendo más allá del nombre en cuestión.

Pero nadie le avisó a Rafecas, que no mantuvo contactos con Alberto Fernández desde que su candidatura se congeló por la pandemia. Así como Carrió convulsionó a la oposición con su sorpresivo apoyo, también impactó en el oficialismo. A varios K de paladar negro les cayó pesado que “Lilita” haya afirmado que mantuvo comunicaciones con el juez y que le parecía jurídicamente sólido. En rigor, la charla duró un minuto y lo que la exdiputada trasmitió fue agradecimiento por el cierre de una causa por enriquecimiento ilícito en la que el denunciante -un albañil de Pilar- terminó confesando que la habían pagado para plantear un líbelo en su contra y se descubrió que lo trasladaron en un auto de la AFI. En 2016, la central de espías la comandaba Gustavo Arribas. Cronológicamente sería el primer antecedente de lo que llegó después.

A Exaltación de la Cruz llegó el dato de que los radicales habían designado senadores para la negociación en ciernes por los “subprocuradores” y que desde el Gobierno, la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra evaluaba la viabilidad. El encono de Carrió para los radicales que se quedarían con un asiento fue más fuerte como para patear el tablero y exigir un apoyo a Rafecas sin condicionamientos. Desde el kirchnerismo fueron fríos con la oferta a la que cualquiera se habría abrazado. Decidieron avanzar con la discusión de las modificaciones en la Comisión que preside Oscar Parrilli. El senador neuquino tuvo que escuchar, la semana pasada, el énfasis que el jurista Alberto Binder dio en su exposición respecto al ruego para que no se modifiquen los dos tercios del Senado para la designación del procurador con legitimidad política. No solo es por diseño institucional, sino el temor a los “halcones” entre los fiscales de Comodoro Py que observan hambrientos el resultado del tironeo. Fecha de vencimiento en el plazo y menos apoyo político, podrían convertir al jefe de los fiscales en el Procurador “de una bancada”, a tiro, además, de la Bicameral. El cálculo es que cualquier cambio regulatorio permitirá a que el interinato de Casal se prolongue aún más.

De todas formas, habrá que aguardar el diagnóstico del consejo consultivo -previsto para el tramo final de este mes- y, sobre todo, como Fernández traduce las conclusiones en acciones políticas. Y con qué nivel de apoyo interno, para que no pase como con la reforma judicial. Las cosas en la Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo tampoco están tranquilas. Los conflictos internos se han multiplicado y florecieron las rebeliones. El dato no es menor.

En cuanto al clima “posfallo” de la Corte, para el máximo Tribunal el asunto está más que resuelto. No lo conmueve la inquietud de un puñado de jueces trasladados que no estaban en juego en el pleito, ni la confusión del Consejo de la Magistratura que evaluará hacer “consultas” aclaratorias a la Corte. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales también “evaluarán” si las contestan, cuando las reciban, apelando a su máxima de que “no hacen consultoría”. Parece ser, como desde el martes, que el conflicto se trasladó a la política, otra vez, desde donde provino. Los vacíos de la casuística dispararon los interrogantes. La primera pregunta: ¿son tantos? El Consejo piensa hacer un listado y tachar varios nombres antes de comunicarse directamente con los afectados, para calmar ansiedades.

Lo interesante del caso es que el análisis en los extremos le hizo decir algo al fallo que no dice: ejemplo de eso es el tema de la “inamovilidad” que es una garantía, pero no para los jueces, sino para la ciudadanía. Esa inamovilidad no alcanza a quien no es juez del modo en el que la Constitución lo prescribe. La duda que acechó a magistrados es si los trasladados pueden volver a sus cargos originales, en caso de que estos hayan sido ocupados por otros concursos hechos mediante el proceso correcto. La Corte guardó silencio en este tópico, sobre todo, porque no era parte del litigio.

Al elevarse por sobre los nombres propios, el fallo desató un sinfín de situaciones dudosas. La respuesta desde el cuarto piso del Palacio es que no debería responderlas todas. ¿O acaso el Congreso no podría legislar de inmediato una nueva ley de traslados? Allí podrían quedar contenidas una serie de cláusulas transitorias que salven los “vacíos” y despejen las dudas sobre los casos en concretos. En cierta manera, la política desconfía que no sea una trampa cuando la Corte le da ese espacio. Para Talcahuano 550, el “caso” está resuelto y todo lo demás lo deberán analizar cruzando Plaza Lavalle, en el Consejo de la Magistratura.

Por fmluzucom

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