Su equipo de campaña pidió un recuento de votos en Wisconsin, donde según la prensa ganó Biden, e impugnó las votaciones en Michigan y Pensilvania, tres estados claves para las aspiraciones de ambos candidatos.

La determinación de Trump de cuestionar resultados reavivó la hipótesis de que, como en 2000, la justicia decida cómo los estados pueden escrutar los sufragios o hacer recuentos.

Las acciones legales del equipo de Trump atacan un aspecto característico de los comicios de este año: el hecho de que decenas de millones de electores recurrieran al voto por correo debido a la pandemia de covid-19.

El coronavirus obligó a los estados, responsables de fijar sus normas electorales, a promover el sufragio postal y a cambiar las reglas sobre cómo y cuándo se iban a recoger, verificar y contabilizar.

Para responder al flujo de millones de votos emitidos por correo, congresos estaduales y autoridades electorales extendieron el plazo de recepción de sufragios debido a la sobrecarga del servicio postal, prolongaron el tiempo de conteo de esos votos y dieron otros pasos para facilitar el proceso.

Los republicanos alegan que algunos de esos cambios se aplicaron indebidamente y para favorecer a los demócratas.

En Pensilvania, la campaña de Trump anunció que se iba a sumar a una demanda presentada por los republicanos antes de las elecciones sobre la extensión del plazo para recibir el voto postal en ese estado.

Si ganaran esa batalla legal, podrían descalificarse decenas de miles de votos entregados a las autoridades electorales después del día de las presidenciales.

La Corte Suprema de Pensilvania ya dictaminó que era legal la extensión de plazo y el caso llegó la semana pasada a la Corte Suprema federal, que se negó a implicarse en ese asunto. El alto tribunal dejó, sin embargo, la puerta abierta para un recurso después de las elecciones.

El equipo del presidente también presentó una demanda para detener temporalmente el escrutinio en Pensilvania, alegando que el proceso estaba siendo ocultado por los demócratas. En Filadelfia, sin embargo, el conteo se difundía en directo.

En Michigan, la campaña del presidente también pidió parar el recuento porque, según afirmó, no se le había dado un “acceso significativo” al proceso.

En 2000, la definición de la elección entre el republicano George Bush y el demócrata Al Gore dependió del estado de Florida. Bush tenía una ventaja de apenas 537 votos sobre seis millones en el estado y hubo numerosos problemas con las papeletas, tarjetas que los votantes tenían que perforar. El equipo de Gore solicitó por tanto un recuento de los sufragios en Florida.

La campaña de Bush llevó el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, que decidió detener el recuento, lo que le dio la victoria definitiva al republicano.

Los expertos aseguran que esas demandas solo pueden resultar útiles si se centran en un problema real y si la distancia entre los dos candidatos es reducida.

Derek Muller, profesor de Derecho de la Universidad de Iowa, cree que ningún candidato presentará demandas si está significativamente a la zaga en varios estados. “Si eso ocurre en un solo estado”, dijo, “entonces sí espero litigios”. Pero si el margen de diferencia es de dos o tres puntos porcentuales -unos 100.000 votos en el caso de Pensilvania- “es bastante difícil litigar”, añade.

La Corte Suprema ha sido muy cautelosa en cuanto a involucrarse en asuntos electorales que son regidos por leyes de los estados. Y su decisión de 2000 que definió la presidencia en favor de George W. Bush dejó muchas preguntas sin respuesta sobre el sistema de votación de Florida, por lo que la Corte se cuidaría ahora de dañar su imagen ante la sociedad.

Un pleito electoral pondría bajo los reflectores a los seis miembros conservadores y tres progresistas del alto tribunal. Esas luces expondrían especialmente a la jueza Amy Coney Barrett, que fue escogida por Trump y se sumó al cuerpo hace escasos días.

Trump dijo reiteradamente que apuró la designación de Barrett en parte para que estuviera en funciones en caso de problemas en las elecciones.

“La Corte Suprema no tiene que intervenir”, dijo Muller. “Creo que se necesitaba en 2000 pero no está necesariamente claro que sea lo mismo ahora”, afirmó.

Por fmluzucom

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