En este último sentido, de hecho, es probable que la retórica sobre el tamaño y la forma del próximo proyecto de ley de ayuda fiscal por el coronavirus incida en el Congreso. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha dicho que la aprobación de una ley de ese tipo podría ser pospuesta hasta principios de enero.

El Congreso, que funcionará hasta ese momento, ha estado trabajando desde el 1 de octubre con un presupuesto temporal que vence el 11 de diciembre, mientras que el Senado no aprobó ninguno de los 12 proyectos de ley de gastos necesarios para ejecutar las actividades gubernamentales.

Con la carrera por la Casa Blanca aún sin definirse y el equilibrio fundamental de poder en las dos cámaras sin cambios tras la votación del martes, ninguno de los partidos encara las últimas semanas del año con un impulso especial.

Están en juego los aproximadamente 1,3 billones de dólares en gastos discrecionales para actividades de defensa y no defensivas. Esto no incluye grandes programas que operan en piloto automático, como el de Seguro Social (jubilaciones) y los planes federales de salud para las personas más pobres y los ancianos. Tampoco incluye fondos de “emergencia” para desastres naturales, ayuda para pandemias y otros eventos inesperados.

La historia muestra que al Congreso le resulta más fácil encontrar un compromiso en las semanas posteriores a las elecciones.

El profesor de la American University, Jordan Tama, un experto en temas legislativos, dijo que, con el resultado de las elecciones presidenciales en duda, podría ser “imposible que el Congreso sea productivo”, lo que plantea la posibilidad de un cierre parcial de la administración después del 11 de diciembre.

Otra incógnita es si el presidente Donald Trump firmará lo que sea que el Congreso le envíe.

Desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 25 de enero de 2019 se produjo un cierre parcial del Gobierno sin precedentes, después de que Trump se hubo negado a un acuerdo que ya había sido negociado. Luego el Congreso rechazó un pedido presidencial de 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México.

Desde mediados de la década de 1990 han habido paralizaciones gubernamentales periódicas, en general provocadas por los republicanos. La reacción pública es habitualmente negativa, en especial cuando se cierran los parques federales, las operaciones de aeropuertos enfrentan recortes y los empleados públicos son licenciados. Esto podría ser particularmente problemático durante la pandemia de covid-19, ya que el Gobierno federal tendría que lidiar con la identificación de empleados “esenciales” versus “no esenciales” en medio de una crisis grave.

Agencia Reuters

Por fmluzucom

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