Esa medida sí golpea al porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien viene de iniciar una demanda en la Corte Suprema contra Nación por la quita este año de poco más de un punto de coparticipación, cuyos recursos fueron transferidos a la Provincia de Buenos Aires.
En la mayor parte del resto de los distritos, en cambio, los procesos judiciales están ya suspendidos por arrastre de pactos anteriores o por acuerdos de recursos con Nación. Sin embargo, desde dos de las provincias consultadas por este diario insistieron en destacar que “no hay resignación de recursos” porque se busca “suspender acciones judiciales y no desistir” de ellas.
El pacto propuesto también beneficia a los gobernadores en materia de blindar remesas de fondos para educación y subsidios al transporte, y abre paso a condonaciones de deudas, también a municipios.
Pero, en línea con la estrategia de Martín Guzmán, pone límites al endeudamiento en moneda extranjera. Un primer boceto fijaba que las provincias “no podrán incrementar el stock de deuda nominada en moneda extranjera respecto de los valores registrados al 31 de diciembre de 2020”, con excepción de líneas de crédito con organismos multilaterales de crédito. “Las evaluaciones del cumplimiento serán realizadas al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año y se considerarán a efectos de autorizar las operaciones de endeudamiento de provincias y CABA”, advertía.
Pero después esa letra chica fue retocada, en el marco de negociaciones. “Dejó más en claro que las provincias no emitirán nuevos títulos en dólares; la idea es no hacer nuevas emisiones, pero sí se puede reestructurar las actuales”, leyó este lunes un ministro de Economía ante Ámbito. “Dio más flexibilidad, pero con condiciones”, suavizó otro, respecto del cambio.
Por lo pronto, en las últimas horas llegó a los despachos provinciales una segunda versión del pacto que hilvana el Ministerio del Interior de Eduardo “Wado” de Pedro, donde este lunes primó el hermetismo.
La prórroga por otro año de la suspensión de la baja de tributos provinciales -sobre todo Ingresos Brutos– resulta un imán demasiado atractivo para rechazar el nuevo pacto propuesto, máxime en el marco de la desaceleración de los ingresos por la pandemia. “No le vemos inconvenientes y permite continuar con los tributos provinciales igual que este año”, dijo un ministro de Economía a este diario.
En sintonía, desde otra cartera de Hacienda coincidieron en que “la renovación de ese ‘congelamiento’ es una decisión que acompaña la realidad de las provincias”. “Aunque antes del coronavirus asumimos el compromiso de no modificar II.BB. y Sellos por la suspensión del pacto, las urgencias de la pandemia llevan a pensar en un 2021 con algunas modificiaciones en ciertas alícuotas. Es clave para la recuperación de las finanzas de la provincia, que tuvo que hacer frente a gastos inesperados”, anticiparon sin embargo, en el marco de los margenes que deja la letra chica.
“No tenemos objeciones”, aseguró por su parte otro ministro respecto del Pacto. “En cuanto al tema del endeudamiento tampoco nos perjudica”, aportaron desde otro distrito, en referencia a las consignas en pos de un “endeudamiento responsable” que contempla el articulado.
Y desde otro despacho estacaron “el punto a favor” de reasegurar las transferencias mensuales para las provincias con cajas de jubilaciones no transferidas a Nación.
Sin embargo, en varios distritos generó incomodidad la obligación -para acceder al pacto y a sus beneficios- de respaldar en el Congreso el proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas que impulsa el Gobierno, en pos de ser sancionado antes de fin de año.
“El Consenso Fiscal en principio es razonable, pero lo del aval a la ley es lo más ríspido y desubicado; ellos no votan las leyes”, dispararon desde un despacho provincial. “Para comprometer a gobernadores debería ser coparticipado a las provincias, y no está así en el proyecto de ley”, cuestionaron desde otro distrito ante este diario. En el apartado “Compromisos Comunes”, el borrador del Consenso contempla “aprobar antes del 31 de diciembre de este año el proyecto de ley del denominado ‘ Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’”.
Entre otros ejes, el Consenso Fiscal 2020 contempla además:
* que “las transferencias de competencias, servicios o funciones deben realizarse con la respectiva reasignación de recursos y que dichos recursos provendrán del Tesoro nacional y no de la recaudación de tributos coparticipables” (una variante cuya vigencia permitió a Macri aumentar recursos a CABA para financiar a la Policía),
* que se reestablece la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por un año, a partir del 1 de enero de 2021 y se asegura la transferencia mensual en 2021 de montos para el financiamiento de las cajas previsionales provinciales no transfereridas a Nación
* que se prorroga para 2021 el Fondo de Compensación al Transporte Público, con la obligación de las provincias de implementar el sistema de boleto único electrónico.
* que se condona deudas de provincias, CABA y municipios con Nación en programas de Vivienda, Infraestructura y equipamiento nacionales; y de municipios en deudas por intereses contraídas con Nación en transferencias para gastos corrientes o de capital.
* que en el Impuesto a los Automotores se fija como alícuota mínima anual del tributo un 2% de la base imponible, a partir de las valuaciones que establezca anualmente la AFIP.