La explicación de estas exigencias es simple. Los tenedores de la deuda emitida para salir del default, tienen una preocupación clara. Sostener su inversión en el tiempo, y no liquidar sus existencias perdiendo fortunas. O, en todo caso, esperar unos años para desprenderse de los bonos, reduciendo la caída abrumadora en las cotizaciones actuales. Creen que sólo con un país firmando un acuerdo con el Fondo Monetario que imponga metas estrictas y misiones que las garanticen, eso será posible. Y, si todo esto no se cumple, los bonistas amenazan con volver a publicar una carta explosiva (para Argentina y para el Fondo) como la del 25 de octubre pasado; donde expusieron claramente sus críticas al país por las pérdidas de millones de dólares generada por la crisis en la cotización de los títulos públicos de esos tiempos; y que pese a que no se profundizó, no implicó mejoras sustanciales en las cotizaciones de los títulos en dólares. Esto pese a que hubo cierta recuperación en las acciones y estabilidad cambiaria entre octubre y fin de noviembre. Fuentes de los acreedores que firmaron aquella carta de octubre, continúan afirmando que si bien la intención “no es decirle al gobierno lo que tiene que hacer”; si mencionan que “algo debe pasar para que las reservas dejen de estar cerca de cero”. Y reclamaron “un programa económico sólido que contiene reformas estructurales destinadas a solucionar los problemas que tiene Argentina”. Los pedidos incluyen un reclamo fuerte al FMI, al que responsabilizan, en parte, a la situación del país, por no profundizar la presión sobre el gobierno para que ese “programa económico sólido” sea ya una realidad. Y que rápidamente renegocie la deuda de u$s44.800 millones, en un programa de pagos que despeje las urgencias financieras del país. Y, reiteran, se aplique a rajatabla el capítulo del Artículo IV que impone la existencia de las misiones trimestrales de fiscalización. La embestida de los bonistas no incluye, curiosamente, al más litigioso y mayor protagonista de las negociaciones con los acreedores. BlackRock se negó a firmar la solicitada de octubre, y tampoco se sumaría a futuras misivas; ya que, luego del canje, tienen aceitados sus propios mecanismos de presión tanto sobre el Fondo como sobre la Argentina.
El castigo verbal hacia la Argentina y el FMI se justifica, según los fondos, por el desplome de sus tenencias, y el sostenimiento de parte de los acreedores de los nuevos títulos públicos en sus carteras, de acuerdo a la visión de parte de los integrantes del Ad Hoc, Exchange Bondholders y Argentina Creditor Committee, los tres grupos que representaron a los bonistas.