El problema es serio, sobre todo, para las pequeñas y medianas industrias que no pueden hacer economía de escala. Las grandes tienen algo más de espalda financiera. Pero para los empresarios esta agenda es mejor que la que había hace tres meses. “Lo bueno de esto es que ahora estamos hablando de la nueva normalidad, de la salida. Antes estábamos con el problema de la caída de la actividad”, explicó Acevedo.
Además del incremento para el traslado de personal, los industriales ven que confluyen nuevos costos de logística. Algunos provienen del complicado escenario internacional. Los barcos demoran más en llegar a los puertos. Otros provienen de las restricciones que tienen los camiones para pasar de una provincia a otra. “San Luis es un caso emblemático”, dice el presidente de la UIA. Para una industria, paralizar una línea de producción por falta de insumos representa pérdida de dinero. A ello se agrega que por las restricciones para acceder a dólares, también hay barreras para importar.
Según analizó ayer la “mesa chica” de la central fabril, el escenario que ven para 2021 no será muy diferente respecto de 2020. Los laboratorios socios de la UIA entienden que las vacunas contra el covid-19 que van a salir al mercado no van a tener todos los períodos de chequeo de efectividad que son habituales y que, por lo tanto, la población va a tener que seguir con medidas de restricción a la circulación. Incluso analizan que una vuelta a las clases presenciales va a generar amontonamiento de personas en los transportes públicos y temen a una “segunda ola” como la que está soportando Europa.
Otro tema que se puso en común en el Comité Ejecutivo de la UIA es el del congelamiento de precios que dispuso la Secretaría de Comercio hasta fin de enero para la industria de la alimentación. Aunque hay negociaciones, entienden que es “complicado” ese escenario.
También los industriales hicieron un repaso del estado de los acuerdos internacionales de comercio en los que está el país. El tratado Mercosur – Unión Europea, dicen, está listo desde el punto de vista legal. Las demoras en la firma obedecen a los cuestionamientos de Francia a la política ambiental de Brasil, y a las restricciones que impone el covid para el traslado de las personas.