El presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista Oscar Parrilli, indicó al abrir la reunión que «la idea es que los expositores hablen de los aspectos medulares de los proyectos y, si tienen opinión formada, sobre otros aspectos del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal que podrían ser incluidos para el análisis de una posible reforma».

“También propuso comenzar a analizar los mecanismos de remoción en los ministerios (Público Fiscal y de la Defensa) no solo las cabezas, sino también fiscales y defensores porque hay un mecanismo que desde mi punto de vista es bastante corporativo y que tiene resabios de la justicia militar que se enjuician a sí mismos”, continuó.

El primer especialista en tomar la palabra fue Néstor Pedro Sagüés, doctor en derecho de las universidades de Madrid y Nacional del Litoral y profesor de la UBA y la UCA, quien indicó: “Entiendo que tener los dos tercios en el Senado es indispensable para mantener una Procuración General robusta y cúspide de uno de los órganos extrapoder fundamentales del Estado e indispensable para el fortalecimiento del Ministerio Público”.

Además, añadió que la duración para el cargo -que actualmente es vitalicio- puede estar «entre ocho o 12 años», de acuerdo a la experiencia de otros países, pero sentenció: «Lo que sería inaceptable es hacer coincidir el período del procurador general con el período presidencial de cuatro años. Esto puede llevar a una situación incómoda, anti sistémica».

A su turno, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exconvencional constituyente, José Heredia evaluó que la mayoría calificada de dos tercios «no es una es una exigencia constitucional» aunque expresó su acuerdo con que «es correcta aquella posición minoritaria de la Convención Constituyente de 1994 de poner en línea este órgano de poder con la Corte Suprema».

De esta manera, el ex juez supremo de Chubut respaldó la continuidad de la mayoría de dos tercios para elegir al procurador, y remarcó: «Debería tratarse pero no es una exigencia constitucional, debe surgir de los consensos políticos». «El derecho no lo puede todo y estas son situaciones que la política debe resolver. Uno puede instaurar una práctica parlamentaria que se vuelva jurisprudencia según la cual el origen más legítimo para el procurador debe ser el mayor consenso político posible», continuó.

Por su parte, Marcela Basterra, especialista en derecho constitucional y derechos humanos, consideró que «Yendo a un sistema acusatorio, es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal. Respecto a la remoción, me parece coherente el mecanismo propuesto que requiere dos tercios de los miembros del Senado».

En tanto, Mirta López, exjueza y vocal de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, evaluó que “tiene que haber una relación entre el Estado, el Procurador General, el Ministerio Público Fiscal y las políticas del Poder Ejecutivo. La interacción hace a una gobernabilidad pacífica y sustentable, no hay que tenerle miedo a ese diálogo institucional”.

También expuso Ricardo Toranzos, fiscal federal de Delitos Complejos de Salta y vicepresidente de la Asociación de Fiscales, que resaltó la importancia de «sostener que los dos tercios» para la designación del procurador en «orden de mantener la independencia y autonomía» del cargo.

Por último, Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, se refirió al plazo de duración del cargo del procurador y explicó que, junto al Defensor de la Nación, «son los únicos funcionarios o funcionarias unipersonales de carácter vitalicio, siendo este último aspecto de origen infraconstitucional». «Podría ser atinado un plazo de 6 años», propuso.

Estas participaciones forman parte de la ronda de consultas iniciada por el oficialismo en el marco del debate abierto sobre la duración en el cargo del procurador general de la Nación, que continuará -tras un cuarto intermedio- el próximo lunes a las 15.

El debate en cuestión se da en medio de las idas y vueltas con respecto a la candidatura para dicha plaza del magistrado federal Daniel Rafecas, quien se opone a los cambios en la mayoría de los dos tercios -el cristinismo quiere ir a fondo con las modificaciones, pero la Casa Rosada quiere sostener a su postulante-, en una situación que también generó revuelo y una fuerte interna en la oposición macrista, tras una nueva “reaparición” de Elisa Carrió en los medios.

Fuentes del Frente de Todos afirmaron que las audiencias continuarán al menos hasta que el 18 de este mes se pronuncie el consejo consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público creado por el presidente Alberto Fernández para analizar este y otros temas.

La comisión está integrada por los juristas y abogados Carlos Beraldi, León Arslanian, Hilda Kogan, Omar Palermo, Claudia Sbdar, Inés Weinberg de Roca y María del Carmen Battaini, Carlos Beraldi, Gustavo Ferreyra, Andrés Domínguez, Marisa Herrera y Enrique Bacigalupo.

La semana pasada, tres “expertos” expusieron en la comisión y al menos dos coincidieron en suavizar las mayorías -el otro no se opuso, sino que hizo foco en apuntar esfuerzos hacia el control estricto del Ministerio Público-, siempre y cuando deje de ser vitalicio el cargo del procurador.

Por fmluzucom

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