Para la sesión ordinaria de hoy, el Senado buscará avanzar con la ley para fortalecer la “sostenibilidad de la deuda”, luego del cierre de las primeras negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En concreto, la iniciativa impone que el Presupuesto “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.
Además, el articulado establece no sólo que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial” del Congreso, sino que mismo camino tendrá que adoptar “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”.
El miércoles pasado, y luego de la exposición en comisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, el bloque kirchnerista sumó un artículo al proyecto que fue leído por la camporista Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta de la bancada del Frente de Todos. La incorporación hace referencia a una modificación de la ley de administración financiera para que la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, como programas con el FMI y eventuales ampliaciones, no puedan destinarse a gasto corriente.
Para mañana, en tanto, la sesión especial tendrá como cuestión principal el despacho para retocar la mayoría de dos tercios que requiere, en la actualidad, el cargo de procurador general, en coincidencia con el informe de la comisión que creó el Gobierno para analizar a la Justicia en general. Para esta discusión, el Frente de Todos se basó en proyectos opositores y en el del usual aliado rionegrino Alberto Weretilneck. En el medio de todo esto se encuentra el candidato del Ejecutivo y juez federal, Daniel Rafecas, quien se mostró reticente en varias ocasiones con respecto a la idea. De aprobarse, quedará la revisión en Diputados, que por ahora frenó la reforma judicial.
Aborto
Las autoridades de las comisiones de Diputados que debatirán la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y la denominada ley de “1.000 días”, definirán en las próximas horas el cronograma de trabajo que demandarán los proyectos, que comenzarán a tratarse la próxima semana. El pretencioso objetivo es dictaminar sobre mitad de diciembre próximo, siempre y cuando el Gobierno incluya estas iniciativas en la convocatoria a sesiones extraordinarias -agenda cerrada que define el Ejecutivo-, o una eventual prórroga del período ordinario, que implica una continuación del año legislativo y con todos los temas.
La comisión de cabecera para el primer proyecto será Legislación General, que comanda la legisladora kirchnerista Cecilia Moreau. Se espera una discusión que tendría entre 30 y 60 expositores, aunque para la primera reunión informativa ya fueron confirmadas las disertaciones de los ministros de Salud, Ginés González García; y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. También aparecerá la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, una gran defensora del aborto y redactora del proyecto que envió el Ejecutivo.
Durante la corriente semana, los diputados prometieron promover una resolución de la Cámara para pedir a los legisladores que trabajen en este tema evitar adjetivaciones personales y calificaciones peyorativas para fomentar un debate respetuoso, así como también que ante cualquier escrache a domicilios o vía comunicación a celulares que realice uno u otro sector, sea denunciando penalmente.
Jubilaciones
Los diputados lavagnistas, usuales aliados del kirchnerismo en la Cámara baja, rechazaron la iniciativa oficialista para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria: pidieron “importantes modificaciones”, y advirtieron que el país se encuentra “ante un sistema previsional en crisis”.
Según los legisladores de Consenso Federal, “el sistema previsional argentino está quebrado y no hay fórmula de actualización de haberes que lo haga sustentable”. En esa línea, manifestaron que “no cierra de ninguna manera con el 50% de los trabajadores privados en la informalidad” y que si bien “va en sentido apropiado, no tiene cláusulas de salvaguarda que garanticen a los jubilados no seguir perdiendo, especialmente mientras la economía no recupere un sendero de crecimiento con estabilidad de precios”.
Desde el lavagnismo solicitaron “dos modificaciones imprescindibles a favor de los jubilados, como el hecho de que debe tener un piso asociado a la variación de la canasta básica de consumo; y que los aumentos deben ser cuatrimestrales y no semestrales, como prevé el proyecto oficial”.