José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), declaró este martes que el presidente Pedro Castillo le solicitó “en su propio despacho” que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, y sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo fugaran de Lima a Bolivia, y de ahí a Venezuela.
“A mí me propusieron que ayude a sacar[los] y lógicamente dije que no voy a poner en riesgo mi libertad por ayudar a personas que estaban comprometidas. Yo le había advertido al presidente en lo que estaban andando”, dijo en una entrevista con Willax.
Fernández recordó que, cuando le pidieron esa ayuda, Pacheco y los familiares de Castillo tenían una orden de captura por mandato judicial. “Me dijo que iba a haber problemas y que si podía ayudar a sacar, que habían hecho un reconocimiento como sacarlos por Bolivia hasta la embajada y de ahí iban a volar a otro país, a Venezuela”, explicó.
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“Al presidente le fue más incómodo [escuchar mi respuesta] y empezamos a despachar una vez al mes, ahí fue cuando intentan sacarme también”, añadió Fernández Latorre, ex comisario policial en Tacabamba, Chota, provincia donde nació el jefe de Estado.
Las revelaciones han vuelto a poner en la palestra los oscuros manejos del entorno del mandatario, quien enfrentará mañana un nuevo pedido de destitución desde el Congreso.
Desde la mañana del martes, Fernández Latorre reveló detalles sobre un posible encubrimiento ilegal que el mandatario peruano habría ejercido con su entorno más cercano para proteger a sus sobrinos y al exministro de Transportes, Juan Silva, quienes son acusados de recibir fuertes cantidades de dinero a cambio de beneficiar a empresarios con millonarios contratos con el Estado.
Añadió que el Jefe de Estado sí tenía conocimiento de todo los actos irregulares que hacían sus familiares porque él mismo se lo reveló. Incluso, manifestó que otro de sus familiares, Rubdel Oblitas Paredes, llegó hasta su despacho para pedirle 100 mil soles (USD 25 mil) y luego un millón de dólares, “porque quería contratar a un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia”.
Igualmente, dio a conocer un audio en el que el exsub secretario de Palacio de Gobierno y exmiembro del ‘Gabinete en la sombra’, Beder Camacho, nombró a ministros y exfuncionarios del gobierno de Castillo que ayudaron en la fuga de Juan Silva, exministro de Transportes acusado de ser parte de una organización criminal dentro del MTC y de recibir millonarios pagos para el otorgamiento de obras millonarias. Castillo, como en anteriores ocasiones, ha preferido optar por el silencio.
Estas revelaciones han generado que la Defensoría del Pueblo solicite a la Fiscalía investigar “con máxima celeridad” los “presuntos hechos delictivos”.
“Invocamos a todas las instituciones y personas involucradas a contribuir con la justicia y el esclarecimiento de la verdad, en pro de asegurar la plena gobernabilidad democrática y el país sin corrupción que peruanas y peruanos nos merecemos”, expresó el organismo en un pronunciamiento.
Perú vive en la incertidumbre de lo que pueda ocurrir este miércoles cuando un desprestigiado Congreso intente destituir, por tercera vez en 16 meses, al jefe de Estado, a quien la fiscalía investiga por corrupción y cuyo mandato finaliza en 2026.
La pugna entre el Ejecutivo izquierdista y el Legislativo, dominado por la derecha, perfila tres escenarios: Castillo sale indemne, o cae y lo reemplaza su vicepresidenta Dina Boluarte para completar su mandato, o asume ella y convoca a elecciones generales en 2023.
Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la cual no dispone la oposición. Esta es la tercera moción para destituir a Castillo. En marzo pasado, la anterior alcanzó 55 votos. La primera moción, en diciembre de 2021, no llegó a ser debatida por el pleno del Congreso.
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