Sídney (Australia), 1 feb. Australia anunció este miércoles la imposición de sus primeras sanciones financieras y prohibiciones de viajes contra militares y funcionarios de alto rango de la actual junta militar que gobierna a Birmania por los «abusos atroces a los derechos humanos» contra la población civil.
Las sanciones afectan a 16 miembros del Consejo de Administración Estatal del régimen militar de Birmania (Myanmar) por su papel clave en el golpe de Estado el 1 de febrero de 2021, que sumió al país en una profunda crisis política, social y económica, según un comunicado de la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, publicado hoy.
Se tratan de los primeros vetos impuestos a la actual junta militar birmana por Australia, que hasta ahora no había aplicado medidas contra los militares del país, por lo que ha recibido numerosas críticas de la comunidad internacional.
Las sanciones impuestas en el segundo aniversario del cruento golpe en Birmania afectan además dos entidades financieras controladas por la junta militar: Myanmar Economic Public Holdings Ltd (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC).
En la nota, la Cancillería apuntó que, en los últimos dos años, Australia, junto a sus socios internacionales, «han pedido repetidamente» al régimen birmano que «participe en un diálogo constructivo y encuentre una solución pacífica y duradera a la crisis actual».
Sin embargo, «a pesar de estos llamados, el régimen ha continuado con sus acciones antidemocráticas contra el pueblo de Birmania, incluida la violencia y los pasos recientes dirigidos contra las voces de la oposición».
«El régimen militar ha respondido violentamente ante cualquier forma de expresión política, incluyendo las violentas protestas. Hay evidencias de miles de civiles, incluyendo menores, que han sido encarcelados, torturados o asesinados», indicó.
El golpe en Birmania dio paso a una espiral de violencia y una brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, con un saldo de unos 2.800 muertos, entre ellos 278 menores, así como más de 13.600 detenidos, según datos de la oenegé birmana Asociación de Apoyo a los Presos Políticos (AAPP).
Australia también anunció este mismo miércoles nuevas sanciones contra la Fundación Cooperativa Basij y 16 altos cargos policiales, políticos y militares -incluidos los del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)- de Irán por los «horrendos abusos de los derechos humanos» en ese país.
A ellos se les acusa de estar implicados en la violenta represión de las protestas tras la muerte de Mahsa «Jina» Amini, presuntamente tras ser golpeada en septiembre pasado por las fuerzas del orden iraníes después de que fuera detenida por no llevar bien el velo islámico.
Adicionalmente, el país oceánico impuso sanciones financieras a cuatro iraníes y cuatro instituciones vinculadas en la producción y distribución de drones a Rusia para atacar tanto a la población ucraniana como a las infraestructuras civiles de este país invadido por las fuerzas rusas desde el 24 de febrero pasado. EFE
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