El conflicto salarial entre el gobierno de Javier Milei y los gremios aeronáuticos se convirtió en una virtual “guerra de cifras” entre uno y otro bando, que termina por justificar las posiciones de uno y otro sector. Con todo, la Casa Rosada aprovechó el conflicto y pisó el acelerador para avanzar en la privatización de la empresa, lo que estuvo siempre entre los objetivos de Milei.
Desde el oficialismo sostienen que Aerolíneas Argentinas tuvo en 2023 un déficit operativo de US$ 390 millones, si bien reconocen que pudo ser maquillado por la gestión de Sergio Massa en el balance financiero.
Aún así, AA tuvo $ 250 mil millones en el balance de 2023, que es presentado ante la AGN.
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Desde su estatización (en 2008) se destinaron US$ 8 mil millones para el funcionamiento de la empresa. Ese argumento quedó en claro cuando el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, expuso ante un plenario de la Cámara baja. Rolandi a su vez comparó las cifras con las de otras empresas como Lufthansa que tiene un valor similar, pero que opera con setecientas aeronaves.
Aerolíneas cuenta con 1.200 pilotos, quienes operan con ochenta aviones. Un promedio de casi quince pilotos por avión.
Pero además, en el oficialismo destacan que los pilotos de la compañía tienen “privilegios” que están por encima de lo que pondera el mercado. Como por ejemplo las “horas mínimas de vuelo”, que es el requisito básico para cobrar el salario mensual.
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Los pilotos de AA tienen contemplados los traslados desde sus hogares hasta los aeropuertos de manera gratuita. Además, las horas de trabajo comienzan a computar a partir de que los recogen en sus domicilios, lo que no sucede con otras empresas que ni pagan los traslados y los empleados computan horas a partir de que fichan.
Los pilotos de la aerolínea de bandera tienen pasajes en clase ejecutiva, no solo para ellos sino también para sus familiares directos. Pueden tener reservas de esos asientos hasta con 45 días de antelación.
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Además, una vez jubilados los pilotos tienen cubierto el 90% del pasaje, pagando tarifas mínimas más las tasas.
Por su parte, desde los gremios dan una catarata de números que contrastan y contradicen las cifras del oficialismo. En los sindicatos dicen que la empresa tuvo un impacto positivo en los últimos diez años de US$ 50 mil millones.
Solo en 2023 tuvo un aporte de US$ 8 mil millones y pudo ahorrar $ 40.500 millones. Además, agregan que genera 109 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Por otra parte, estiman que $ 225 mil millones fueron transferidos al Estado por cobro de tasas.
Al mismo tiempo, destacan las cifras de Intercargo cuya facturación es superior a $ 5 mil millones mensuales, con atención a más de 1.300.000 pasajeros por mes. En el Gobierno reconocen que Intercargo es superavitaria, debido a que es un monopolio, aunque las últimas desregulaciones habilitaron el servicio de rampa para otras empresas.
Con todo, el Gobierno continúa las negociaciones con compañías aéreas privadas extranjeras con el objetivo de que comiencen a operar con vuelos de cabotaje y a países vecinos. Latam, Jet Smart y Fly Bondi (buscan hacer una UTE), y Gol que está elaborando una propuesta. También se coló Avianca.
El secretario de Transporte Franco Mogetta es quien lleva las conversaciones con la supervisión política de Guillermo Francos y técnica de Rolandi.
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En Casa Rosada sostienen que las desregulaciones aplicadas por Federico Sturzenegger habilitan a que rápidamente aviones matriculados en el extranjero y tripulación extranjera puedan operar en el país.
En el Gobierno también creen que el conflicto con los gremios aeronáuticos les rinde en términos políticos, y que hay consenso social para avanzar en la privatización. Incluso, creen que gremialistas como Pablo Biró se vieron forzados a regular. El 16 de octubre está convocada una asamblea de accionistas para expulsar a Biró del directorio de la empresa.
La Casa Rosada anunció que Milei emitirá un decreto tal como lo indica la “Ley Dromi” para que la empresa quede sujeta a la privatización, mientras el debate avanza en el Congreso.
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