Admitió la queja de la fiscal León contra los jueces Castelli, Canero y Méndez Signori; llevan cuatro años y medio con la causa abierta y no evaluaron las pruebas
19 de junio de 2024
LA NACION
Cristina Kirchner, acusada en el caso de los Cuadernos
La Cámara Federal de Casación intimó a los jueces del caso de los “cuadernos de las coimas” a que le pongan fecha de inicio al juicio oral y público contra Cristina Kirchner y el resto de los acusados, al admitir una queja por “retardo de justicia” de la fiscal Fabiana León contra los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori.
León los acusó de “retardo de justicia”, al no tomar en casi cuatro años y medio medidas para llevar adelante este proceso y los que están conectados con el expediente. La decisión de llamar la atención al tribunal oral fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
“Hacer lugar a la queja por retardo de justicia presentada por el Ministerio Público Fiscal representado en el caso por la señora Fiscal General Estela S. Fabiana León y exhortar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la ciudad de Buenos Aires a que tome las medidas que resulten necesarias a los efectos de fijar audiencia de debate a la brevedad”, dijeron los jueces en el fallo, al que accedió LA NACION.
El caso Cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de la cartera del exMinisterio de Planificación Federal para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra.
La causa Cuadernos es, en realidad, la coexistencia de varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado donde se habla de una organización criminal, sucedida entre 2003 y 2015, “en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos -de empresarios y funcionarios- a razón de ese acuerdo ilícito previo”, según evaluó la Justicia.
En rigor, la “queja por retardo de justicia” que fue admitida se dio en el caso en el que se investiga a la empleada doméstica Nélida Caballero, que trabajaba para del exministro Julio De Vido, por sus fastuosos bienes.
León presentó una queja por otra causa conexa. Es aquella en la que se investigan supuestos sobornos en la compra de barcos de Gas Natural Licuado (GNL). En ese expediente, otra Sala de la Cámara de Casación -con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone- rechazó el pedido de la fiscal, aunque advirtió a los jueces del tribunal oral que deben avanzar en el juicio sin dilaciones.
La causa tocó por sorteo en la Sala II de la Casación, integrada por los jueces Guillermo Yaconucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, quienes atribuyeron la competencia a la Sala IV, donde está el caso en el que se investiga a De Vido por supuesto enriquecimiento ilícito.
Si bien los jueces de la Sala IV rechazaron la competencia -arguyendo que la causa De Vido ni siquiera fue elevada a juicio-, el pleno del tribunal, integrado por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, dispuso que sea la Sala IV la que tramite la queja por retardo de justicia.
Así las cosas en el mismo día, Hornos y Borinsky hicieron lugar a lo que pidió la fiscal León y exhortaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 a que tome las medidas que resulten necesarias a los efectos de fijar fecha de debate a la brevedad.
En su decisión hicieron hincapié en que no se adtmitió aún la prueba ni se fijó fecha de debate, pese a que han transcurrido más de tres años y medio desde la elevación a juicio de la causa de la cocinera de De Vido, y un plazo aún más prolongado -cuatro años y medio- desde la primera elevación del universo de causas conexas a cuadernos. Por eso dijeron que no se justifica el “incipiente estadío procesal actual” en el que se encuentran las actuaciones.
Puntualizaron que el tiempo transcurrido y el estado de la causa demandan que “de forma inmediata se proceda a remover todos los obstáculos” que impiden el avance del proceso hacia la celebración de un debate oral y público.
Investigación periodística
El caso de los cuadernos de las coimas se inició por una investigación del diario LA NACION que reveló la anotaciones de Centeno sobre su paso por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios los bolsos eran recibido por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz.
Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Los principales acusados son los exfuncionarios De Vido, Baratta, José López y el chofer Centeno, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.
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