Nunca las provincias sufrieron tanto el ajuste fiscal como con el gobierno de Javier Milei: en los primeros cinco meses del año las transferencias que se les gira por fuera de la coparticipación fueron el rubro, de todo el gasto público, que mayor caída tuvo en términos reales respecto de 2023. Cortó de cuajo recursos para obras públicas, educación y asistencia social, pero el Gobierno también echó mano de cajas que tienen como destino las provincias y que, con el objetivo de alcanzar el déficit cero, decidió no repartir.

En su informe de ejecución presupuestaria al cierre del mes pasado, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalla que las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias cayeron un 84,5% en términos reales respecto del año pasado. Una de las partidas más afectadas fue la de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): si bien este fondo lleva acumulados $223.158 millones, en estos cinco meses el Gobierno apenas repartió el 5,4% (unos $12.500 millones) entre un puñado de provincias. Es el porcentaje más bajo de los últimos seis años para el mismo período, señala en un informe la consultora Politikon Chaco.

El Fondo de ATN, creado por la ley de coparticipación, es controlado por la Nación pero, en rigor, se nutre en buena parte de recursos provinciales. En efecto, recibe el 1% del total de los impuestos coparticipables, el 2% de la distribución del impuesto a las Ganancias y el 1% del impuesto a los Bienes Personales. Esto explica que, en cinco meses, este fondo haya acumulado la friolera de poco más de $223.000 millones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos mantuvo hoy en Casa Rosada reuniones con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; y de Neuquén, Rolando Figueroa; con quienes dialogó sobre diversas temáticas ligadas al desarrollo productivo de cada provincia

El Gobierno, sin embargo, decidió cortar de cuajo el reparto de estos recursos. Esto motivó a que el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Zilliotto, acudiera a la Corte Suprema a fines del mes pasado con una acción declarativa de inconstitucionalidad para que la Nación distribuya entre las provincias aquel 1% de coparticipación que se retiene para conformar el Fondo de los ATN.

“Existiendo situaciones de emergencia económica en todas las provincias, el Estado Nacional se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen, omitiendo concretar la distribución que la ley de coparticipación lo obliga a realizar según principios constitucionales”, sostuvieron en un comunicado.

El Fondo de ATN Fue concebido para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales; sin embargo, desde su creación en 1988, la distribución de esta “caja” tuvo una impronta discrecional y política. El informe de Politikon Chaco da cuenta, por caso, que en 2023 –año electoral- se repartieron poco más de 173.000 millones (un 75% del total del fondo); en 2019, en el último año de la gestión de Mauricio Macri, por contraste, se ejecutó el 8,5% de esa caja.

Con el planteo de La Pampa por los ATN, la Corte Suprema suma una treintena de causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares. Esta suma no incluye los 500.000 millones de pesos que le reclama la ciudad de Buenos Aires a la Nación por coparticipación federal.

La disolución del fondo compensador que subsidiaba el transporte público de pasajeros del interior es otro de los planteos más reiterados de los gobernadores ante la Corte. Dicho fondo estaba contemplado dentro del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte. En estos cinco meses, estas transferencias se desplomaron en un 30% en términos reales en estos cinco meses, según la OPC.

También cayeron fuerte las transferencias por el Fondo de Incentivo Docente (-82,3% en términos reales), otra partida que el Gobierno decidió eliminar aunque estaba contemplada en el presupuesto prorrogado de 2023 con un presupuesto de $347.351 millones. Esos fondos, que ahora no se reparten, quedaron en manos del Tesoro. Habrá que ver por cuánto tiempo más, ya que en la Cámara de Diputados un amplio sector opositor, encabezado por Unión por la Patria, pugna para que el FONID sea restituido. Para ello convocó a una sesión especial para el 3 del mes próximo.

Por fmluzucom