Durante la campaña electoral, Javier Milei prometió que se cortaría un brazo antes de aumentar impuestos. Como Presidente, aseguró en el acto del 25 de mayo que comenzará un sendero de reducción impositiva en la medida en que se afiance el superávit. El Gobierno aún no avanzó en la eliminación de tributos, pero está a punto de dar un paso para que un mensaje sea masivo: cuánto costarían las cosas sin impuestos.
El paquete fiscal que el Gobierno busca aprobar en el Congreso incluye un Régimen de Transparencia al Consumidor que obligaría a los vendedores a publicar el “precio sin impuestos” de sus productos. Esto podría impactar en las góndolas de los supermercados, en las vidrieras de los locales de ropa o hasta en los avisos webs de productos tecnológicos, entre otras alternativas de compras.
“Todos aquellos los sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicio a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, el cual deberá estar acompañado de la leyenda ‘Precio sin impuestos’”, establece el artículo 107 del paquete fiscal aprobado en Diputados y que obtuvo dictamen en la Cámara de Senadores.
En términos prácticos, esto implicaría que un mismo producto deba estar acompañado por dos precios: el del importe final y el de “sin impuestos”.
“Esto va a servir para visibilizar todos los impuestos”, señaló el presidente de la organización Lógica, Matías Olivero Vila, quien apoya esta medida porque, según su visión, ayuda a generar consciencia sobre toda la carga tributaria que pagan los contribuyentes.
“Es viable, pero engorroso”, opinó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman. “Siempre digo: le pusieron los hexágonos de exceso de azúcar a los productos, ahora faltaría ponerle el de exceso de impuestos”, agregó.
Sobre la viabilidad de aplicar esto en vidrieras o góndolas, el presidente de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), Fabián Castillo, consideró que “esto puede funcionar”, aunque también sostuvo que la iniciativa no debería quedarse solo en la exhibición de un precio. “El cliente tiene que saber a qué va ese impuesto; dónde está poniendo su plata”, apuntó.
Según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el 41,9% del importe final que se abona en alimentos responde al pago de impuestos. Un estudio de economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) contabilizó que en una naranja, el 38,3% se va en tributos, o en un durazno el 44,8%.
En el rubro tecnología, tal como analizó Lógica, la carga impositiva es mayor. Por ejemplo, en promedio, el 67% del precio de un teléfono celular corresponde a tributos. Es decir, dos de cada tres pesos que se pagan por un teléfono cubre impuestos, según estas estimaciones. En este caso aplican el IVA, bienes suntuarios, derechos aduaneros, ingresos brutos, y el impuesto al cheque.
En indumentaria, el 50,3% cubre impuestos; en muebles, el precio de una mesa y cuatro sillas, según CAME, contiene un 50,2% de carga tributaria; o en la compra de un auto, la carga fiscal alcanza el 54,8%.
De esta manera, el “precio sin impuestos” mostraría números más chicos que el importe final, aunque un detalle a tener en cuenta es que la ley obligaría a transparentar la carga fiscal que provocan los tributos nacionales y no las tasas provinciales o municipales.
Una zona gris del texto parlamentario es la falta de enumeración de los impuestos considerados nacionales e indirectos dentro del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. En ese sentido, Olivero Vila sostuvo que en ese listado deberían estar el IVA, impuestos internos cuando corresponda, el tributo al cheque, el impuesto PAIS aunque espera que se explique claramente, llegado el caso, cuando se reglamente la norma.
A propósito de las tasas provinciales o municipales, este Régimen de Transparencia no las incluye, aunque posee un apartado en el que “invita” a las jurisdicciones a adoptar esta misma medida.
El proyecto encarga a la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) a “dictar las normas reglamentarias” para que esta iniciativa, en caso de convertirse en ley, empiece a verse materializada en góndolas, vidrieras o sitios webs a partir del 1 de enero de 2025.
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