El Ministerio de Defensa prepara una batería de proyectos que irán al Congreso; en la actualidad se estima que hay unas 200.000 personas que integran la reserva militar
El Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, está trabajando en un proyecto para regular la función de los reservistas de las Fuerzas Armadas. Actualmente, este grupo desempeña un papel reducido y simbólico, pero comprende un universo de aproximadamente 200.000 personas, incluyendo retirados, aquellos que pidieron la baja, egresados de liceos militares y exsoldados voluntarios, entre otros exuniformados que podrían ser llamados ante un eventual conflicto armado.
Oficiales de las Fuerzas Armadas Santiago Cichero/AFV
El objetivo principal es unificar los criterios para convocar a estos reservistas, ya que cada fuerza tiene sus propias pautas. Según explicó el secretario de Estrategias y Asuntos Militares, el teniente general retirado Claudio Ernesto Pasqualini, exjefe del Ejército entre 2018 y 2020 y actual virtual viceministro de Defensa, este proyecto busca establecer un marco común que garantice una respuesta eficaz ante cualquier situación que requiera la participación de estos reservistas.
Para estimar el número de oficiales reservistas, se consideran varios grupos: los graduados de los liceos de las tres fuerzas, que son alrededor de 500 por año; los militares retirados y los que se dieron de baja; y aquellos que han realizado cursos para oficiales de reserva. En cuanto a los suboficiales, se incluyen los que pasan a retiro, los que solicitan la baja y exsoldados que completaron el servicio militar.
La figura de los reservistas está contemplada en la ley 19.101, que fue sancionada hace más de 50 años para regular las condiciones del personal militar. El equipo liderado por Petri tiene la intención de presentar el proyecto al Congreso antes de que termine el año.
El teniente general Pasqualini fue jefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Durante la gestión de Oscar Aguad en el Ministerio de Defensa, se impulsó un proyecto para fortalecer la reserva de las Fuerzas Armadas, aunque finalmente no se avanzó en su implementación.
La posible convocatoria de los reservistas, pensada ante hipótesis de eventuales conflictos armados, permitiría incorporar a las Fuerzas Armadas a profesionales y técnicos de distintas disciplinas en el campo civil que reciben preparación militar. Por ejemplo, en la rama de las ingenierías y en el área de la ciberdefensa, estiman los expertos. Tradicionalmente son sumados al servicio activo cuando las circunstancias lo requieren.
La mayor parte de los reservistas provienen del Ejército. La Fuerza Aérea cuenta con algunos que participan en puestos de observación que trabajan en forma complementaria con los radares para la detección de aeronaves y vuelos irregulares.
En la Armada existe la Reserva Naval Fuera de Servicio, que reúne a centenares de oficiales y suboficiales, que desde sus actividades profesionales en el ámbito civil mantienen un intercambio con la fuerza y aportan conocimientos y experiencias.
“La Armada considera a los reservistas como un componente integral de la fuerza y, cada vez más, los comandantes piden la colaboración de los reservistas para asesoramientos, para solucionar inconvenientes relacionados con el material o compartir buenas prácticas del ámbito civil”, explicó el presidente del Foro Argentino de Defensa (FAD), Santiago Lucero Torres.
Se trata de una figura que está muy desarrollada en otros países, como Estados Unidos e Israel, además de Chile y Colombia, por citar modelos más cercanos. En Estados Unidos, por ejemplo, adquieren adiestramiento en operaciones de combate, ingeniería e investigación científica, así como en tecnología de la información, ciberseguridad y atención médica, entre otras especialidades.
El teniente general retirado Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército y actual viceministro de Defensa
Otros proyectos
Pasqualini se refirió al proyecto de ley de reservas en una disertación que ofreció en el Rotary Club de Buenos Aires, én la que también anticipó otra iniciativa para avanzar en la movilización y organización territorial.
Esto se relaciona con el aprovechamiento de todo el potencial nacional ante un eventual conflicto armado y servirá para “reglamentar las requisiciones de vehículos civiles o pedidos de reconversión de industrias para la logística militar”, explicó el viceministro.
Desde la asunción del presidente Javier Milei, la gestión de Petri ha estado trabajando en la derogación del decreto reglamentario de la ley de defensa nacional. El objetivo es proporcionar un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas frente a agresiones de origen externo, no necesariamente originadas en ejércitos estatales, como lo limitaba la reglamentación impuesta en 2006 por la entonces ministra Nilda Garré.
Esta restricción, que no está contemplada en la ley de defensa, fue derogada durante el gobierno de Macri, pero luego reimplantada por el gobierno de Alberto Fernández. La reforma propuesta permitiría que los militares intervengan en operaciones de combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Además, la gestión de Petri está evaluando otras medidas para fomentar el espíritu patriótico, especialmente en la formación de los alumnos en las escuelas. Esto incluiría ceremonias de jura de la bandera en unidades militares, la distribución de escarapelas y la participación de bandas de las Fuerzas Armadas en actos públicos.
También se contempla una reglamentación del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado durante la gestión ministerial de Agustín Rossi con el propósito de garantizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Esta medida se llevaría a cabo tras la compra de aviones caza F-16 para la Fuerza Aérea, que se incorporarán en un plazo de cuatro años, y en medio de la evaluación de alternativas para la adquisición de vehículos blindados para el Ejército, así como la anunciada compra o construcción de submarinos para la Armada.
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