ROSARIO.-¿Qué hacía Viktor Melnyk, un exsoldado ucraniano de 1,90 metros y unos 150 kilos, escondido en el baúl de un Chevrolet Corsa en una ruta de Entre Ríos en plena pandemia? Esa incógnita nunca pudo ser dilucidada por la Justicia argentina, donde el caso se trató como “tráfico ilegal de personas”. Pero en Paraguay sí que hubo respuestas.
La Fiscalía N°8 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de ese país consideró, el 10 de enero de 2022, que el exmilitar de la nación europea que estaba a punto de entrar en guerra con Rusia era “el encargado de organizar las rutas y la logística necesaria para el envío de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia el continente europeo utilizando las terminales portuarias”.
Un año y medio antes de eso, el 3 de septiembre de 2020, en plano aislamiento forzoso por el Covid, Melnyk viajaba en el baúl del auto que manejaba Juan Manuel Clucellas, dueño de la armería más importante de Santa Fe. Su destino era Rosario.
Ese periplo dispara muchas sospechas en un caso en el que, no obstante, hay muy pocas certezas. Pero quizás eso tenga bastante que ver con que el exsoldado de elite ucraniano fue detenido dos años después en Paraguay con un cargamento de 947 kilos de cocaína y se lo considera conectado con una organización que tendría aceitados contactos políticos en ese país.
La sospecha es que Melnyk era quien organizaba el contrabando de cocaína que después salía por la hidrovía Paraná-Paraguay hacia Europa. El “gerente” de esa carretera clave para el tráfico internacional de estupefacientes a gran escala es el uruguayo Sebastián Marset, el narco de las mil caras, buscado por todos los gobiernos del Mercosur y por la DEA norteamericana, pero que vive como un príncipe en la clandestinidad.
En Paraná comenzó, este lunes, el juicio contra Clucellas, el armero que llevaba escondido en el auto a Viktor Melnyk en los atípicos días de la pandemia, y contra el empresario Raúl Sopérez, dueño del Chevrolet Corsa y del complejo de cabañas Don Quico, en Corrientes, donde en octubre de 2020 se secuestraron, por orden del juzgado federal Nº2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, 400 kilos de marihuana y varias armas, entre ellas un subfusil calibre .22 réplica de un AK-74, una versión más moderna del clásico Kalashnikov AK-47.
En la segunda jornada del juicio, en la que se realizaron los alegatos, los fiscales federales José Candioti y Juan Podhainy pidieron penas de cuatro años para Sopérez, y tres años y dos meses Clucellas.
Los funcionarios del Ministerio Público consideraron que había “un dominio del hecho ilícito tanto por parte de Clucellas, como de Sopérez”. El primero cometió el delito al transportar y llevar escondido en el auto al ucraniano que había ingresado ilegalmente al país, mientras que el segundo puso a disposición la logística para que se cometiera el hecho. Pero lo más sustancioso, como se advierte, es lo que hay detrás de este caso.
Luego del alegato de los fiscales, la defensa de Clucellas solicitó la absolución de los dos acusados. Después de esta instancia, el presidente del tribunal unipersonal, a cargo de Roberto López Arango, resolvió dictar el veredicto el próximo lunes 3 de junio, día en que también se conocerán los fundamentos del fallo.
La defensa de Clucellas ofreció el viernes pasado que su cliente podría pagar la pena con una probation, la suspensión de juicio a prueba a cambio de algún tipo de trabajo comunitario. El objetivo era lograr que se suspendiera el juicio por tráfico ilegal de personas, que tiene una pena de uno a seis años. Los fiscales federales José Candioti y Juan Podhainy se opusieron, basados en el contexto en el cual fue detenido el exsoldado ucraniano dentro del baúl del Corsa en Paso Telégrafo, límite entre Corrientes y Entre Ríos.
“Luego de producidas diversas pruebas, se determinó que Clucellas y Sopérez facilitaron el ingreso ilegal al país de Viktor Melnyk y su posterior traslado clandestino, a cambio de una contraprestación económica”, señalaron. Luego expusieron los diálogos que mantuvo el dueño de la armería –obtenidos del peritaje del teléfono de Clucellas–, quien días antes del hecho señaló: “Tengo que traer a uno”, y que estaba “esperando que cruce alguien”. Se sospecha que esperaban a Melnyk, que cruzó ilegalmente desde Paraguay. También advirtió a su interlocutor, según el escrito de los fiscales, que “le pagaban mucho” por la tarea de trasladar al exsoldado ucraniano hasta Rosario.
El tribunal unipersonal, a cargo del juez Roberto López Arango, avaló la postura de los fiscales y el juicio comenzó este lunes. Clucellas declaró y dijo algo inesperado. En su nueva declaración dio otra versión de la original. En un principio el vendedor de armas había dicho que llevaba al soldado en el baúl del auto porque lo había encontrado en la ruta haciendo dedo y había decidido levantarlo.
En esa historia, bastante desopilante, incluyó que le había pedido al exsoldado ucraniano que se metiera en el baúl para que no lo vieran los policías que hacían controles en Paso Telégrafo. Cuando los agentes efectivamente lo pararon, Clucellas les dijo que llevaba un ciervo, pero cuando abrieron el baúl se encontraron con el gigante ucraniano hecho un bollito.
En su nueva declaración, el dueño de la armería dijo que, en realidad, se había encontrado con Melnyk en Corrientes, en el complejo de Cabañas Don Quico, propiedad de Sopérez. Detalló que el ucraniano durmió en ese alojamiento. Es decir, se desdijo de su primera versión, ya no lo había levantado en la ruta cuando hacía dedo.
Pero el dueño de Don Quico, condenado a ocho años por narcotráfico, negó esa versión, porque él vive allí. Entonces, Clucellas dijo que, probablemente, Sopérez nunca vio al ucraniano.
Lo que está claro en esta trama es que todos mienten. Porque el propio Viktor Melnyk, cuando llegó a Rosario, tras estar demorado unos días en Entre Ríos, dio una versión disparatada que muchos creyeron. Era una historia de amor, que escondía la verdadera razón de su visita, que se sospecha tenía que ver con el narcotráfico.
Melnyk tenía pasaporte –fue encontrado días después en la guantera del auto–, pero cuando lo atraparon solo cargaba un permiso de residencia otorgado en Málaga, España, que había vencido el 31 de julio. También llevaba un carnet de conducir de España que había vencido el 17 de enero de 2022 y una extraña identificación como “teniente” de los “Reales Tercios de España, fechada el 15 de marzo de 2019.
Ante los medios rosarinos el ucraniano admitió haber entrado a la Argentina de manera ilegal desde Paraguay. Y aseguró, a su vez, que tenía domicilio en la avenida Francia, en Rosario, donde vivía su pareja, una joven rosarina. El argumento que dio a la Justicia es que había cruzado de manera ilegal para poder estar presente en el nacimiento de su hija. Un medio local tituló en ese momento: “La increíble historia de amor del ucraniano que encontraron en el baúl de un empresario santafesino”.
“El primer culpable soy yo, solo quería ahorrar 30 minutos para llegar, porque eran muchos para mí”, explicó el exsoldado ucraniano, que dijo que era representante de la empresa española Mora Water System, que se dedica a la potabilización del agua y que quiere instalarse en la región. Todo era una farsa.
Su historia quedó catalogada como algo inverosímil y extraño, y pasó a ser una noticia extravagante más hasta que en enero de 2022 la Secretaría de Narcotráfico (Senad) de Paraguay lo detuvo en una estancia con 947 kilos de cocaína. La mansión era de su socio Fernando Enrique Balbuena, hijo del exdiputado guaraní Elvis Balbuena.
Según la imputación del Ministerio Público de Paraguay, a la que accedió LA NACION, a Melnyk le decían “Ruso” y “Putin”, sobrenombre que después de que estallara la guerra en Ucrania no le debe haber caído bien, aunque su pareja admitió, en diálogo con este diario, que había sido “custodio de magnates de Moscú”.
“Este exsoldado ucraniano es un engranaje vital dentro de la organización porque –según las tareas de inteligencia criminal– es quien actuaría de nexo con los compradores de la droga en Europa”, afirmaron los investigadores en Paraguay.
En la investigación en Asunción se detectó también que estaba involucrado el ex director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la más importante del país. Julio Acevedo, antiguo dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), había sido condenado en el 2014 a dos años de prisión por pornografía infantil, caso en el que dos adolescentes fueron coaccionadas sexualmente y filmadas por presos en el interior de la cárcel durante su administración.
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