Tres semanas han pasado desde que la Ley Bases y la reforma fiscal comenzaron a discutirse en el Senado y la posibilidad de que ambas iniciativas lleguen al recinto de la Cámara alta parece haber quedado empantanada en una maraña de intereses cruzados y maniobras políticas mal ejecutadas a las que se suma, como telón de fondo, una ardua discusión técnica en torno a la letra fina de los proyectos.
Los negociadores de Javier Milei hicieron circular el último miércoles entre los jefes de bloques de la oposición dialoguista un escrito en el que figuraban una treintena de modificaciones. El viernes y con apenas una nueva modificación, ese borrador con cambios calificados de “cosméticos” por algunos legisladores fue repartido entre todos los senadores que integran las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que son los que tienen, con sus firmas, las llaves para habilitarle a los proyectos el paso al recinto de la Cámara alta.
En el oficialismo de la Cámara alta no descartan seguir sumando algunos cambios y cerrar este martes una redacción para firmar dictamen el miércoles, día en el que volverán a reunirse las comisiones tras el fiasco de la semana pasada, cuando volvieron a apurar la firma de los despachos sin tener asegurados los apoyos necesarios.
Saben que algunos no acompañarán el despacho, pero se entusiasman con la idea de que un dictamen en minoría firmado por los más críticos les permita alcanzar el pronunciamiento de la mitad más uno de los miembros de las tres comisiones. Además, estiman que la semana que deberán esperar los dictámenes para su tratamiento en el recinto podría servir para conceder nuevos cambios que permitan reducir los votos en contra que todavía cosechan muchos artículos. Si lo logran, la sesión podrían estar convocándose para la primera semana de junio.
No se pueden confiar, los antecedentes no son buenos. El miércoles pasado, conforme con sus concesiones, apenas una parte de lo reclamado por la oposición dialoguista, la orden de la Casa Rosada fue preparar los dictámenes y recolectar las firmas. El objetivo, ofrendarle al Presidente un triunfo político que pudiera mostrar ante sus fervientes feligreses en el acto que encabezó en la noche del jueves en el Luna Park.
Sin embargo, los operadores oficialistas se chocaron con la dura realidad de que sus concesiones no sólo no alcanzaron para conseguir el respaldo que venían buscando, sino que, por el contrario, el pliego de condiciones para aprobar los proyectos se había multiplicado hasta alcanzar temas que la administración Milei considera como “vacas sagradas”, intocables, de su proyecto fundacional de Ley Bases.
Es el caso de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y del Correo. En un giro sorpresivo, producto de la creciente presión interna de varios de sus senadores, el bloque radical que conduce el correntino Eduardo Vischi decidió ponerle condiciones a la autorización para enajenar esas empresas, obligando al Gobierno a prometer que, si las pone a la venta, el comprador tendrá que garantizar el mantenimiento de las conexiones a los destinos no rentables y el mantenimiento del servicio postal en los pueblos del interior.
Hay más. La UCR decidió volver a la carga con aspectos de la reforma laboral que había intentado colar en la Cámara baja y que, finalmente, sus diputados decidieron resignar para no trabar el avance del proyecto. Así, el miércoles volvieron a poner sobre la mesa de negociación la necesidad de que los aportes compulsivos que le descuentan algunos sindicatos a los trabajadores sean voluntarios y que los bloqueos de plantas o empresas sean considerados causa justificada de despido.
Como si de una caja de pandora se tratase, la apertura a aceptar cambios se salió de control y los reclamos empezaron a llover desde todos los sectores. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) pidió mantener la moratoria previsional y aumentar el porcentaje de corte de los biocombustibles.
Estos pedidos se sumaron a los que ya habían formulado en anteriores reuniones senadores como los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro), que criticaron con severidad varios aspectos del blanqueo de capitales y del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dos capítulos en los que el Gobierno tiene puestas sus esperanzas de recaudar dólares de manera rápida sin importar el origen o el valor agregado que esos proyectos puedan sumarle a la economía nacional.
Las modificaciones pedidas están bastante lejos de lo que el Gobierno parece dispuesto a conceder si se toma en cuenta los cambios que había aceptado a mediados de esta semana.
El texto contempla varias concesiones, como la aceptación de que no podrá fusionar, eliminar o cambiarle las funciones a organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional, al tiempo que también excluiría la posibilidad de intervenir el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Senasa. Otro cambio sería el de aclarar que las cuotas solidarias sindicales serán obligatorias, salvo que los empleados manifiesten de manera previa y expresa su voluntad en contrario.
El oficialismo también se mostró dispuesto a flexibilizar el RIGI, modificando el artículo que declaraba nula cualquier legislación provincial que se oponga o fuera en detrimento de los beneficios que otorga el régimen. A eso, le sumó la promesa de incorporar disposiciones que fomentarían el desarrollo de las cadenas productivas locales.
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En el denominado paquete fiscal, el Gobierno también había aceptado tocar varios puntos del blanqueo, como la prohibición de que puedan acogerse quienes fueron funcionarios públicos durante los últimos diez años y sus hermanos. Además, quienes se sumen a este programa no podrán hacerlo en propuestas futuras hasta el último día de 2038.
También se aumentaría a un 20% la alícuota de Bienes Personales para quienes se inscriban al blanqueo, cuando el proyecto aprobado en Diputados los exime de pagar el tributo. En Ganancias, el oficialismo se mostró inflexible a los reclamos de los legisladores patagónicos, que piden un trato preferencial para la región, pero permitirían descargar el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios.
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