Los hechos son constantes y se destacan por el despliegue de una violencia inusitada. Por caso, una mujer trans le arrojó un plato de ñoquis a una moza del restaurante Bar Cabildo y le causó un profundo corte en el rostro que requirió siete puntos de sutura. Esa misma persona, el domingo pasado, activó un matafuegos en un kiosco: lo llenó de polvo, rompió vidrios y robó productos.
En otro video se ve un hombre que le revoleó un tacho de basura de la vía pública al cajero de un kiosco, se abalanzó de un salto sobre la caja registradora –tirando toda la mercadería exhibida– y arrebató el dinero de la recaudación.
Estos episodios ocurrieron a solo dos cuadras de la Casa de Gobierno y a una de la Plaza de Mayo, la Legislatura porteña, el Cabildo y la Catedral, entre otros puntos de referencia máxima del casco histórico, una de las zonas más turísticas de la ciudad de Buenos Aires.
Los comerciantes están preocupados porque temen que este tipo de hechos disuadan a los visitantes de la zona, que están entre sus principales clientes. Ya tuvieron contactos con funcionarios del Ejecutivo porteño para plantear sus inquietudes. A partir de esta problemática, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad intensificó la presencia policial en las adyacencias de la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo y el microcentro, entre la Casa Rosada y Retiro. Puntualmente en las cercanías de la Legislatura porteña instrumentaron un servicio de saturación con personal de la comisaría comunal 1D, que se suma al de la Comuna y al de Corredores Turísticos, explicaron a LA NACION.
En ese sentido, sostuvieron que se advierte una tendencia decreciente de robos y de hurtos con respecto a los últimos meses. No obstante, preocupa a las autoridades los actos protagonizados por personas que presentan patologías de salud mental, porque con respecto a ellas la Justicia dicta excarcelaciones inmediatas, por lo que esas personas regresan y hacen lo mismo. Por eso, comerciantes y trabajadores de la zona siguen en alerta.
Sabrina Ávila, de 37 años, encargada del restaurante de la esquina de Perú e Hipólito Yrigoyen, llegó a sentir tanta impotencia por la impunidad que decidió actuar. Reunió a comerciantes para tomar cartas en el asunto y asumió el liderazgo para acercarse a los medios. LA NACION se puso en contacto con ella.
“Acá cada cual hace lo que quiere: el mantero, los sin techo, los vendedores ambulantes. Los robos y el vandalismo son permanentes en todos los comercios; hace años que estamos inseguros, no tenemos luces a la noche y eso que estamos a dos cuadras de la Casa Rosada”, explicó la mujer, indignada. “Necesitamos protección, nos cansamos de no poder trabajar; los turistas piden la cuenta rápido por miedo y se van”.
La mujer explicó que esto no ha ocurrido solo en el Bar Cabildo (Perú 86), sino también en el restaurante London City, de Perú y Avenida de Mayo; en un kiosco sobre la Avenida de Mayo, junto a un Farmacity; otro kiosco sobre la continuación de la peatonal Florida; el restaurante Kentucky, y una librería sobre Avenida de Mayo, entre otros comercios.
“Entran en banda, tipo piraña, y se roban hasta la comida de los platos de los comensales. Nos rompen vidrios, revolean sillas, entran un mínimo de 30 veces por día a hostigar a los clientes pediendo comida o dinero, ofreciendo medias o pañuelos; nuestros clientes turistas se asustan y nos piden la cuenta. Estas personas se pelean entre ellas, en la calle, y cobramos nosotros, porque con sus altercados nos rompen la infraestructura. El mes pasado nos robaron las manijas de bronce y cuando hay manifestaciones rompen todo”, explicó Ávila.
Además, según la encargada del Bar Cabildo, la cantidad de personas durmiendo en la calle aumentó drásticamente en los últimos tiempos.
Sostiene que, hasta ahora, la policía pareciera no haber encontrado soluciones para ellos: “Cuando llamás a la policía es porque el episodio ya ocurrió; solo te toman los datos, pero nunca llegan a nada; de acá se llevaron una computadora para peritarla y nunca la devolvieron”, precisó.
La policía a cargo del perímetro de la Casa Rosada es la Policía Federal Argentina (PFA), pero en la zona donde ocurren estos hechos vandálicos y delictivos la prevención está en manos de la Policía de la Ciudad.
Al kiosco situado junto al Farmacity le robaron dos veces en una semana: “Le revolearon un tacho de basura y un monitor de computadora al cajero, que ahora está asustadísimo y no pudo volver a trabajar”. Según Ávila, por estos hechos no hay nadie detenido.
“Es una locura lo que estamos viviendo. Me siento una policía más porque los de acá son un chiste. Hacés la denuncia y no pasa nada. Estamos en el centro del casco histórico, donde hay pleno turismo, y no hay iluminación ni seguridad. Es un chiste no poder trabajar en semejante lugar, esto es una zona de nadie. En realidad, sí: es zona de delincuentes”, expresó Ávila.
Dijo que de forma recurrente hay una mujer trans que los hostiga desde hace tres años: “En la cuadra hace desastres, a una mujer le revoleó un plato de ñoquis, a otra le cortó la cara con una botella de vidrio rota y con un matafuegos dejó una nube de polvo en comercios. Siempre está dando vueltas. Todos le tienen miedo. A mí me amenazó de muerte”, dijo la encargada del Bar Cabildo, que agregó: “Estoy quemadísima. El martes hice otra denuncia más”, cerró.
Según información provista de la Policía de la Ciudad, esta mujer trans, llamada Maylén Ayala, tiene problemas de salud mental y fue detenida seis veces solo este mes (el 3, 4, 6, 12, 13 y 19 de mayo) por maltrato, hostigamiento, intimidación, resistencia a la autoridad, lesiones leves, robo y daños. Por su propia condición, así como entra, sale.
Al kiosco le asignarían un efectivo de la fuerza porteña como medida disuasiva, afirmaron.
Qué dijeron desde el Ministerio de Seguridad y de Salud de la Ciudad
Atento a que buena parte de los hechos reseñados son protagonizados por personas que combinan desarraigo y problemas de salud mental, fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron a LA NACION que el gobierno porteño implementa un abordaje integral para las personas en situación de calle, con 47 paradores donde se les brinda atención médica, alimentos y otras necesidades.
En paralelo, el Ministerio mantiene reuniones permanentes con vecinos y comerciantes para escuchar sus problemas y acercar soluciones puntuales. A partir de las mismas, en la zona de Plaza de Mayo, Avenida de Mayo y microcentro hasta Retiro se ha intensificado la presencia policial.
Puntualmente en la zona de la Avenida de Mayo y la Legislatura porteña se implementó un servicio de saturación con personal de la comisaría comunal 1D que se suma al de la Comuna y al de Corredores Turísticos y hay una tendencia decreciente de robos y de hurtos con respecto a los últimos meses, con 65 detenidos por ambos delitos.
En estos casos, el personal policial debe identificar y requisar a las personas que muestran un comportamiento invasivo o violento. Estos controles han colaborado a reducir el delito de robos con armas blancas e impropias, explicaron los voceros a LA NACION.
Agregaron que todos los días se hacen operativos conjuntos con personal de Espacio Público y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para desarticular “ranchadas” y acampes; a partir de eso se trabaja con las personas en situación de calle acercándolas a los paradores.
Hay aproximadamente unas 3500 personas durmiendo en los paradores; unas 1500 no quieren ir. “La calle no es lugar para vivir y se trabaja para darles una solución”, explicaron.
Desde el Ministerio de Salud, en tanto, dijeron que para brindar atención a personas con problemas de salud mental en la Ciudad, este año el gobierno porteño comenzó a implementar un nuevo protocolo de salud mental que tiene como objetivo atender a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimiento de salud mental y/o consumo problemático.
En este sentido, se establecieron procedimientos estandarizados de actuación conjunta entre las distintas áreas intervinientes de la Ciudad, como el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio de Salud, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y adolescentes.
Previo al lanzamiento de este nuevo protocolo, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) amplió el servicio de unidades de psiquiatría, que se focaliza en casos específicos como brotes psicóticos o los actos de un paciente violento. Esta iniciativa da una atención inmediata ante emergencias, como parte de una visión integral de la salud mental, dijeron.
El camino para informar sobre personas con esta problemática es dar aviso al 107 y al 911, o por contacto directo a través de los equipos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat o de agentes de la Policía de la Ciudad. Ante la denuncia de un caso de personas con problemas psiquiátricos o de consumo problemático de estupefacientes o alcohol, interviene personal de la Red de Atención, que alerta a la unidad de emergencia del SAME psiquiátrico para atender al paciente o trasladarlo a un hospital.
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