Dinero en efectivo, recibos de pago, planillas de asistencia a manifestaciones y decenas de celulares fueron secuestrados durante los allanamientos a los dirigentes piqueteros que quedaron bajo la lupa de la justicia federal por supuestas extorsiones. Fueron 32 los procedimientos ocurridos ayer en los domicilios de dirigentes y organizaciones sociales investigadas por supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales. Los resultados de esos operativos, que estuvieron en manos de la Policía Federal Argentina, fueron vertidos en un inventario que tienen los funcionarios judiciales que llevan adelante el caso, según supo LA NACION de fuentes con acceso a la causa. Fueron secuestrados, en total, 31 teléfonos celulares, 31 notebooks, 33 tarjetas de crédito, 199 euros, 76.764 dólares y 8.769.909 pesos en efectivo.

Los dirigentes que fueron allanados, y que están imputados en esta causa, son de las organizaciones Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. El caso judicial está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Gerardo Pollicita.

Piqueteros marchan de Puente Saaverdra a la Quinta de Olivos con Eduardo Belliboni a la cabeza del Polo Obrero

En un depósito del Polo Obrero ubicado en un inmueble en la calle Monteagudo 730, fueron identificados Jorge Antonio Rosa y Duña Fiorely Saucedo Arias, miliantes de la agrupación. Fueron secuestrados allí al menos 6 millones de pesos, 16.425 dólares y 180 euros en efectivo, además de cuatro notebooks, tres CPU, un DVR, cuatro pendrives y un disco rígido, según fuentes con acceso a la causa judicial.

También fue allanado el domicilio de Jeremías Canteros, el dirigente del Polo Obrero implicado en esta causa, a quien le fueron secuestrados 2591 dólares, 75.000 pesos, tres notebooks, dos celulares, un talonario de remitos y 135 recibos de pago del Polo Obrero.

Otro de los allanamientos resultó en el secuestro de más de 50.000 dólares en efectivo. La dirigente del Polo Obrero, María Isolda Dotti, tenía en su casa ubicada en la calle Chiclana 54.448 dólares, 478.800 pesos, un teléfono celular, un boleto de compraventa de una propiedad.

También fue allanado el domicilio de Elizabeth del Carmen Palma, dirigente del Polo Obrero que, según se sospecha en la causa, se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social. En su casa, en Villa Lugano, fueron secuestrados tres teléfonos celulares, un pendrive, cuadernos, recibos, listados y facturas.

Las sospechas recaen sobre ellos porque, según la información de la denuncia formulada por el Gobierno en base a las denuncias que recibió el Ministerio de Seguridad a través de la línea 134, habrían extorsionado a beneficiarios de planes sociales con quitarles beneficios en caso de no asistir a marchas piqueteras. Los beneficiarios de los planes denunciaron, según la presentación del Gobierno, que se les exigían contraprestaciones para acceder a su dinero o a alimentos.

Según informó LA NACION, el análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp incorporados a este expediente judicial fue el que reveló un sistema extorsivo, con premios y castigos por marchar, vender comida del Estado o realizar otros encargos. Según la hipótesis que manejan los investigadores, los beneficiarios de los planes “Potenciar trabajo” que no acudían a las manifestaciones y debían justificar sus ausencias y en algunas ocasiones no se les entregaba comida en los comedores.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) realizó una Jornada por Tierra y autogestión de la vivienda. En ese marco realizaron una movilización desde Retiro hasta al Ministerio de desarrollo Territorial y Hábitat

Además fueron allanados tres comedores administrados por el Polo Obrero: Comedor Rivadavia 1, Comedor La Carbonilla, Comedor Mariano Ferreyra, uno administrado por Barrios de Pie, y uno administrado por el FOL, que es el Comedor Kuña.

En el comedor Mariano Ferreyra, administrado por el Polo Obrero, fueron secuestrados remitos de mercadería y anotaciones de personas que asisten a manifestaciones. En el comedor Rivadavia también hallaron información sobre movilizaciones además de cuadernillos con rendición de asistencia y otro cuadernillo con detalles de sanciones.

El caso se inició en diciembre del año pasado, antes de la primera gran marcha piquetera contra Javier Milei, cuando el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar supuestas extorsiones que realizaran piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a las manifestaciones. Hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias. Unos 45 casos fueron denunciados en la ciudad de Buenos Aires y sobre ellos se centró la investigación de Casanello y Pollicita.

Los imputados, a quienes el fiscal había pedido indagar, son Jeremías Canteros, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

Por fmluzucom