BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Todo sucedió en un instante: Leidy Cadena tuvo una súbita sensación de calor en el rostro, no podía ver y su ojo sangraba. La joven estudiante fue una de las primeras manifestantes en reportar una lesión ocular el 28 de abril cuando comenzó el llamado “paro nacional” en Colombia durante el que miles de personas se manifestaron contra una reforma fiscal.

Leidy, quien perdió la visión de su ojo, forma parte de un grupo de 103 colombianos que sufrieron traumas oculares por el presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la policía en el marco de las protestas de este año, según un informe publicado el viernes por Amnistía Internacional, la organización no gubernamental Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes.

“Las denuncias dan cuenta de heridas ocasionadas por el uso ilegítimo de armas potencialmente letales, como los cilindros de gas lacrimógeno lanzados directamente a los rostros de manifestantes violando los protocolos establecidos para su uso y los estándares internacionales”, indica el informe titulado “Tiros a la vista: traumas oculares en marco del paro nacional”.

Más del 70% de los casos documentados se registraron en Bogotá, Valle del Cauca y Cauca, epicentros de las protestas que se prolongaron por más de tres meses contra las reformas gubernamentales, la inequidad agravada por la pandemia y los excesos de la policía.

La Procuraduría -encargada de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos- abrió más de 200 investigaciones disciplinarias a miembros de la policía por agresiones físicas, abuso de autoridad, acoso sexual y homicidio.

Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, sin embargo, hubo focos de violencia: 2.500 civiles y policías resultaron heridos y se reportó oficialmente la muerte de más de 50 personas, de las cuales 28 tendrían relación directa con las protestas, según reportes públicos de la Fiscalía. Las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que las víctimas fueron más.

La Fiscalía y Procuraduría no respondieron de inmediato sobre el avance en las investigaciones por al ser consultadas por The Associated Press.

Denunciar se ha convertido para Leidy en una doble victimización. Según relató a Amnistía Internacional, ha recibido amenazas en su casa y por redes sociales, por lo que tuvo que salir del país junto a su pareja y su mamá para salvaguardar su integridad.

Una situación similar han vivido Sandra Milena Pérez y su hija Sara Cárdenas, de 18 años, quien perdió la visión en un ojo. Luego de denunciar se exiliaron. Las dos fueron heridas el 5 de mayo presuntamente por agentes de la policía antimotines.

“Creo que eran (municiones) de goma, porque si hubiera sido de otro material me perfora cuerpo, cara y nos mata… desafortunadamente, mi hija estaba detrás de mí y ella recibió un impacto en su ojito izquierdo, a ella sí le abrieron todo el párpado y empezó a escurrir sangre”, contó a los investigadores de las organizaciones no gubernamentales.

Amnistía Internacional encontró “patrones en la represión de la protesta social” y determinó que hubo un “uso indiscriminado de lanzagranadas lacrimógenas” y “uso direccionado al cuerpo de los manifestantes”, tras analizar cientos de piezas audiovisuales de las protestas ocurridas entres el 28 de abril y el 20 de octubre -aunque en los últimos cuatro meses las manifestaciones han sido esporádicas-.

El presidente Iván Duque ha dicho en varias ocasiones que se investigarán con rigor los casos para determinar si algunos policías se extralimitaron en sus funciones, sin embargo, ha negado que se trate de una práctica sistemática. A raíz de las denuncias de excesos de la policía, la institución creó una Dirección de Derechos Humanos con la promesa de mejorar sus prácticas.


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